Disidentes o desertores: el estatus de la 'Segunda Marquetalia' pone en jaque diálogo en Colombia

El exlíder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, pidió que se le dé tratamiento político a la 'Segunda Marquetalia', un facción de disidentes del grupo guerrillero que se conformó tras abandonar el Acuerdo de paz.

En el escrito, publicado en la cuenta de Twitter de 'Timochenko', también solicita que se considere otorgarle ese mismo estatus a Iván Márquez, líder de la 'Segunda Marquetalia', quien suscribió el Acuerdo Final, en 2016, y se retiró en 2019, alegando que el Estado había traicionado los acuerdos alcanzados.

Estos planteamientos agregan un elemento más al debate reciente sobre el estatus que debería tener ese bloque de las disidencias, lo que pone en vilo la posibilidad de que pueda sentarse a hablar con el Gobierno, como parte de las negociaciones con varios grupos armados impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

La decisión sobre Márquez

La propuesta de Londoño es un dilema para las autoridades colombianas. Como Márquez se acogió a lo pactado en La Habana y después abandonó el proceso, la Justicia ordinaria tendría la palabra final, ya que no le correspondería acogerse al mecanismo transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La JEP, surgida tras el acuerdo de paz, expulsó en 2019 a Márquez, junto a otros exguerrilleros, tras su regreso a las armas, lo que significó la pérdida de la libertad condicional y la suspensión o cancelación de las órdenes de captura en su contra.

Según el Acuerdo Final, "cualquiera que no entre en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad o cometa un delito después de la firma, será perseguido por las autoridades y castigado por la justicia ordinaria".

Las peticiones de 'Timochenko'

En su carta, el exjefe de las FARC considera que como el Gobierno ha generado las condiciones "para avanzar decididamente hacia el desmonte de todas las violencias y todos los aparatos militares", no le puede "cerrar la puerta" a los actores armados que tengan "voluntad real de sumarse a la paz".

Según su exposición, Márquez "es un hombre de convicciones políticas" que abandonó el proceso de paz, "por distintas circunstancias".

"Su desafortunada e irracional decisión no solo fue un golpe a la implementación del Acuerdo, sino que fue la llama que prendió la violencia que comenzaba a mermarse", admitió el presidente de Comunes, partido político conformado por los excombatientes. 

'Timochenko' estimó que "el momento histórico por el que pasa Colombia demanda grandeza y generosidad", por lo que "el retorno de Márquez y otros a las armas no puede ser óbice para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas compuestas por ex integrantes de las extintas FARC-EP".

"Disidentes" o "desertores"

La decisión por tomar sobre la 'Segunda Marquetalia' y Márquez ha generado posturas encontradas entre el Gobierno y varios sectores de la política, incluso los aliados. La discusión se centra entre dos etiquetas: "disidentes" o "desertores".

La Corte Constitucional ha recibido varias demandas en contra de la ley de 'paz total', sancionada por Petro. Una de ellas fue interpuesta por el abogado Jorge Enrique Pava Quiceno, quien asevera que habilitar a los exintegrantes de grupos armados que hayan incumplido con el proceso de paz anterior para que formen parte de las nuevas negociaciones es "un aspecto político de alta sensibilidad", según El Tiempo.

Por ello, la máxima instancia le pidió un concepto sobre el tema a varias instituciones nacionales e internacionales relacionadas con el proceso de paz colombiano, entre ellas el Ejecutivo, el Alto Comisionado para la Paz, la Corte Suprema, la JEP, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno respondió el requerimiento a través de un escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, según El Tiempo.

Fernández asevera que no puede confundirse el término "disidentes" con "desertores". El primero se usa al referirse a quienes no se acogieron al Acuerdo Final, como el 'Estado Central Mayor' de las FARC, que tendría vía libre para participar en las negociaciones de paz porque cuenta con estatus político y podrían suspenderse las órdenes de captura en contra de sus miembros.

El asunto cambia con los "desertores", que son quienes consignaron el Acuerdo, "pero lo traicionaron y volvieron a las armas (ejemplo, la 'Segunda Marquetalia')", dice el texto.

En este caso, el Ejecutivo considera que estas personas "pueden acogerse a las reglas del sometimiento a la Justicia" y obtener los beneficios que la ley les dé "por desmantelamiento y delación".

"Dicho de otra forma, su proceso no va por medio de diálogos, negociación y Acuerdo de paz; sino de: acercamientos, conversaciones y sometimiento a la Justicia", ratificó Fernández.

El "entrampamiento judicial"

Iván Cepeda, senador y miembro de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), está en desacuerdo. En su cuenta de Twitter escribió que la visión jurídica de la presidencia "impide el tratamiento político del grupo 'Segunda Marquetalia".

"He denunciado que en este caso se presentó un entrampamiento judicial que no justifica el rearme, pero sí un diálogo político", agregó una de las figuras más relevantes del proceso de paz colombiano.

Cepeda ha acusado en otras oportunidades al exfiscal Néstor Humberto Martínez (2016-2019) de haber promovido un "entrampamiento" contra la JEP, y de fabricar "cortinas de humo" para "dañar el proceso de paz".

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, también ha usado ese término al referirse a Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', a quien definió como un "guerrillero entrampado y asesinado", que también integró la 'Segunda Marquetalia'.

Petición de suspender capturas a jefes de disidencias de FARC desata reparos en Fiscalía colombiana

Este tema también fue asomado en la publicación 'Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia', de la Comisión de la Verdad, donde se cita una información de El Espectador que habla de la supuesta entrega de cocaína acordada entre la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para hacer reincidir en el delito a 'Santrich' y Márquez, poniendo así en riesgo el acuerdo de paz. 

Ante los señalamientos, el exfiscal propuso la creación de un tribunal de honor "para que se le ofrezca un veredicto definitivo al país".

Márquez tiene varios procesos judiciales abiertos, entre ellos una condena de 25 años, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de la Iglesia Católica de Cali, cuya muerte fue ordenada por el Secretariado de las FARC, al que pertenecía.

Del mismo modo, en septiembre de 2022, la Fiscalía lo vinculó como "persona ausente" en el proceso por el homicidio del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado y su escolta, José del Cristo Huertas Hastamorir, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá.

Además, el Ministerio Publico lo responsabilizó de los delitos de "homicidio agravado, homicidio de persona protegida en grado de tentativa y secuestro extorsivo agravado", tras el asesinato de cuatro militares y el secuestro de uno más en el departamento de Antioquia, en 1997.   

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