Un enorme mural con un mensaje que dice "Estado asesino" amaneció este lunes en la ciudad de Lima, la capital de Perú, como parte de las acciones de protesta que emplean los manifestantes para denunciar la represión del Gobierno de Dina Boluarte.
La frase fue colocada en una extensa pared, de unos cinco metros de alto por 50 de ancho, que se encuentra ubicada entre dos puentes sobre el río Rímac, una importante arteria vial de Lima que conecta al parque de La Muralla con el cerro San Cristóbal, reseña el medio local Exitosa.
El mensaje es colocado dentro del contexto de la llamada 'Segunda toma de Lima', convocada principalmente por manifestantes del sur de Perú, que demandan la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales y una Asamblea Constituyente.
La acción de protesta se realiza justo cuando la administración de Boluarte está a punto de cumplir tres meses en el poder, un gobierno que fue designado por el parlamento el pasado 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, luego del intento fallido de disolver el Congreso.
Las manifestaciones en Perú, que también se han extendido durante los tres meses del Gobierno de Boluarte, exigen además la liberación de Castillo y justicia para los más de 60 fallecidos y miles de heridos por la represión de la fuerza pública, en medio de las acciones antigubernamentales que agravan la crisis interna en el país suramericano.
La frase también se relaciona con la investigación preliminar que adelanta la Fiscalía de Perú contra Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves registrados durante las protestas contra su gobierno.
Por estos hechos también son investigados varios miembros del actual gabinete: el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. También aparece Pedro Ángulo, quien fuera premier de Boluarte, y el primer extitular de Interior de su gobierno, César Cervantes.
La medida de la Fiscalía busca determinar las responsabilidades en varios presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, donde fallecieron la mayoría de víctimas registradas en las protestas.