La promulgación el jueves de una polémica ley promovida por la bancada de los terratenientes en el Congreso de Brasil para limitar la demarcación de cientos de reservas indígenas genera mucha preocupación entre los pueblos ancestrales, que están resueltos a combatirla judicialmente.
"Es un retroceso contra las pueblos indígenas", dijo en las redes sociales la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. "Los últimos días de 2023 vienen para mostrarnos que la lucha no para!", agregó.
Los indígenas, los ambientalistas y organizaciones de derechos humanos ya advirtieron hace tiempo que harán todo lo que esté en sus manos para tumbar esta ley forjada desde el poder de los ruralistas, aliados del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en el Legislativo conservador.
La ley en cuestión es parte de la cruzada de los terratenientes y ganaderos brasileños para amasar más tierras. Incluye el criterio del "marco temporal", que establece que los pueblos indígenas sean expulsados de sus tierras en proceso de demarcación, en caso de que no demuestren que se encontraban en ellas antes del 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Polémico trámite
Ese criterio fue rechazado por el Supremo Tribunal Federal (STF) en un histórico juicio que duró más de dos años. Pero ese revés no aplacó a los terratenientes, que quisieron imponer en el Legislativo lo que había descartado el Poder Judicial.
Aprobaron la ley, pero el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, muy volcado con la causa indígena desde que asumió el poder, vetó la tesis del marco temporal y otros fragmentos del texto.
Los diputados volvieron a la carga, anularon los vetos del mandatario y la norma fue promulgada el jueves por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
La pelota de nuevo en el STF
La pelota vuelve ahora nuevamente al STF y hace presagiar un nuevo choque entre poderes.
El mismo jueves por la noche, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y las organizaciones políticas progresistas y ambientalistas, Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Red de Sustentabilidad (REDE), pidieron a la máxima corte que invalide la ley, porque a su juicio viola la Constitución e impone a los indígenas "retrocesos, violencias y protección deficiente".
Es probable que ese recurso prospere, teniendo en cuenta el antecedente de su rechazo en septiembre.
Anticipándose a eso, tres partidos favorables a la ley, el Partido Liberal, del expresidente Bolsonaro, Progressistas y Republicanos, le pidieron al tribunal que la valide. Cabe la posibilidad de que, en caso de un nuevo rechazo judicial, que prevalecería sobre el Legislativo, los ruralistas vuelvan a recurrirlo.
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