Un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) abrieron una cuenta en X y escribieron cartas a las fuerzas armadas en activo como parte de una estrategia para promover su liberación.
El diario Página 12 reveló que los represores se bautizaron como "los muertos vivos" y pretenden dar una "batalla cultural" a nivel comunicacional que avale la impunidad de los delitos por los que fueron juzgados, entre ellos secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones y robo de niños.
"Sostienen que 'es el momento de pasar a la acción' (…). En las últimas horas, los genocidas enviaron una carta a militares e integrantes de las fuerzas de seguridad en actividad para que en septiembre se haga un gran acto en esa guarnición militar que sirva como un mensaje para la sociedad, los medios y el poder judicial", reveló el matutino.
También precisó que el grupo lo integran, entre otros, el cura Christian Von Wernich, un excapellán del Ejército que hoy tiene 86 años y que en 2007 fue condenado a cadena perpetua por decenas de secuestros, torturas y homicidios. Otro de los involucrados es Juan Daniel Amelong, un excoronel de 72 años que acumula tres condenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad.
El año pasado, el nombre de Amelong se hizo más conocido porque la entonces candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, lo identificó como "una víctima", ya que los guerrilleros que mataron al padre del militar no estaban en prisión y él sí.
Mensajes
La revelación sobre este grupo abona a la fuerte polémica que desató la visita que diputados oficialistas realizaron en julio pasado a genocidas en la cárcel de Ezeiza (Buenos Aires), lo que se ha convertido en una de las crisis políticas más graves para el presidente Javier Milei, ya que incluso ha provocado rupturas al interior de su propio partido.
Ese mismo mes, además, se abrió en X una cuenta llamada "los muertos vivos" que se dedica a ensalzar a las víctimas de las guerrillas de los años 70; a Villarruel, la vicepresidenta que ha basado su carrera política en la defensa de los represores presos; y al cura Javier Olivera Ravasi, un sacerdote que fue expulsado de la diócesis en la que vivía luego de que se descubriera que él organizó la visita de los legisladores a los represores.
"Nosotros, los Detenidos en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo, queremos presentarnos; somos los muertos vivos", señalan en su perfil, lo que confirma que son represores condenados de lesa humanidad porque esa cárcel es exclusiva para ellos.
Su mensaje fijado es una carta dirigida a generales, almirantes, brigadieres y comandantes en la que aseguran que son víctimas de una "persecución" jurídico-política de jueces, fiscales y organizaciones politizadas, "sedientas de venganza y ávidas de dinero".
"No podemos continuar contando muertos en cautiverio, estar condenados a la muerte civil y social, ser objetos de odio y rencor por parte de sectores de la sociedad", agregan.
En sus posteos también destacan los ataques a las organizaciones de derechos humanos, en particular las Abuelas de Plaza de Mayo y su presidenta, Estela de Carlotto; además de que ponen en duda el número de desaparecidos de la dictadura.