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Un grupo de 11 países latinoamericanos tratan de apelar la ley de Arizona

Publicado: 5 oct 2010 22:47 GMT

México, como país más afectado por la medida, y otros diez países latinoamericanos, preparan un documento para presentarlo en los tribunales, ante la apelación de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sobre su polémica ley antimigratoria.

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México, como país más afectado por la medida, y otros diez países latinoamericanos, preparan un documento para presentarlo en los tribunales, ante la apelación de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sobre su polémica ley antimigratoria.

Los países insisten en que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, analice sus puntos de vista en la demanda entablada por Brewer este mes de julio contra la decisión de la jueza federal Susan Bolton de suspender las partes más duras de la ley SB1070.

Se ha podido saber también que el Gobierno mexicano ya presentó un escrito que apoya las acciones judiciales impulsadas por el Departamento de Justicia estadonuidense para impugnar la norma.

Según algunos expertos, el objetivo principal que persiguen las autoridades de estos 11 estados  (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú), unidos a la moción de "escritos amistosos", es garantizar unas relaciones de confianza con Estados Unidos y que no se vean obstaculizadas por los documentos aprobados en Arizona.

De acuerdo con Juán José Gutierrez, miembro de la organización Vamos Unidos,  estas naciones "quisieran archivar" esta norma "racista y conocida a nivel mundial como algo inaudito". Al mismo tiempo, tratan de hacer recordar al poder judicial norteamericano que el asunto migratorio debe ser prerrogativa únicamente federal.

"El gobierno mexicano y los demas gobiernos estarían buscando recordarle así al Tribunal Federal que es muy importante que no se olvide que tanto las relaciones internacionales, como el comercio internacional y los tratados internacionales vienen siendo jurisdicción exclusiva del poder judicial de EE. UU. a través de las diferentes dependencias que se han creado para ese propósito", dijo.

Ya que la inmigración "históricamente ha sido una jurisdicción exclusiva del Gobierno federal, no se podría en este momento apoyar la posición de la gobernadora de Arizona", ya que "eso rompería con todo el edificio que se ha construido históricamente, principalmente por EE. UU., para lidiar (...) con la estructura migratoria y sus leyes", subrayó Gutierrez.

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