Los republicanos pasan lista a los culpables de la operación de tráfico de armas a México
Tras concluir la investigación sobre la polémica operación, un informe difundido por congresistas republicanos señaló como responsables del fallo del operativo a cinco funcionarios de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, según sus siglas en inglés), y entre ellos a su entonces director, Kenneth Melson.
'Rápido y furioso' fue una polémica operación realizada por federales estadounidenses que en 2009 permitieron el tráfico de las armas a México para seguir el rastro de las bandas criminales. Sin embargo, gran parte del armamento acabó en manos de narcos.
Operación fallida "por errores"
Según el informe, los funcionarios de la ATF -el director Melson, subdirector William Hoover, los agentes William Newell, William McMahon y Mark Chait-, "fallaron en la planificación de estrategias cruciales y cometieron errores operativos graves y de juicio".
De acuerdo con el documento, Newell, el agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix (Arizona), mostró "riesgo reiterado" en varias ocasiones y "constantemente empujo más allá de lo admisible las técnicas de investigación".
Los legisladores señalaron que la operación falló "por errores, malos juicios y una estrategia inherentemente irresponsable", informa la prensa estadounidense. Asimismo, en el informe se sostiene que sus hallazgos son "la mejor información disponible hasta ahora" sobre la operación errónea.
Los imputados fueron apartados de sus cargos en la ATF en el caso con mayor repercusión administrativa hasta la fecha, que llegó incluso a perjudicar al Fiscal General, Eric Holder.
Cebo para contrabandistas mexicanos
La operación ‘Rápido y Furioso’ fue concebida para rastrear las dimensiones de las redes de traficantes de armas a México, pero para ello se permitió que contrabandistas y compradores que estaban bajo vigilancia adquirieran armas de asalto y las trasladaran a ese país, sin que se hiciera nada para impedirlo.
Según datos de la investigación de 18 meses, la ATF permitió que más de 2.500 rifles y pistolas entraran ilegalmente en México, muchas de las cuales terminaron en manos de narcotraficantes mexicanos. Según algunos datos, este armamento fue utilizado para matar, al menos, a 150 civiles.