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Un programa de EE.UU. contra el terrorismo se usó para espiar a civiles
EE.UU. habría gastado cerca de 1.400 millones de dólares en centros de "control de terroristas", que terminaron vigilando a sus propios ciudadanos, según concluye un informe realizado por el Senado de ese país.
El documento, elaborado por miembros de los partidos Demócrata y Republicano, señala que el programa fue inicialmente puesto en marcha para recabar información en materia terrorista tras los ataques del 11-S.
Así, se crearon los llamados 'centros fusionados de información': espacios con equipos tecnológicos costosos donde comenzaron a trabajar funcionarios locales, estatales y federales que recogieron datos que supuestamente ayudarían en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, violaron las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses, empezando por su privacidad.
Prueba de ello es que un subcomité de Seguridad Nacional del Senado revisó más de 600 informes no clasificados que se encontraban en dichas instalaciones y llegó a la conclusión de que la mayoría no tenían nada que ver con el terrorismo, mientras que aquellas investigaciones que sí se centraban en materia terrorista en ocasiones se llevaron a cabo infringiendo las libertades civiles de los sospechosos.
Asimismo, los centros difundieron información sobre simpatizantes del político Ron Paul, activistas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), participantes de ambos lados del debate sobre el aborto o personas que acudieron a manifestaciones contra la guerra.
Según dijo en RT el director del diario La Nación Cubana, Pedro González Munné, el FBI y otras instituciones gastaron millones de dólares de los contribuyentes en dicho programa.
Asimismo, el analista subrayó que el hecho de que el presidente Bush y diversas instituciones como el propio Congreso o el Senado "les dieran carta blanca a las organizaciones de inteligencia para vigilar a los ciudadanos norteamericanos”, pasará a la historia como “una de las páginas de ignominia más grandes de Estados Unidos”.
González Munné lamentó que el destino de esta nación es convertirse en un país en el que “se prioriza el control del ciudadano por encima de las libertades individuales de las personas”.
“Gastan miles y miles de dólares haciendo expedientes y espionaje de personas que sencillamente están ejerciendo su derecho como ciudadanos norteamericanos amparados por la Constitución, que hoy en día se ha convertido nada más que en un papel en un museo”, concluyó.
A pesar de no haber logrado obtener información valiosa sobre terroristas, algunos medios consideran que es improbable que el Congreso suspenda este programa, dado que aporta una cantidad significativa de dinero a los gobiernos regionales y estatales, parte del cual se emplea en combatir la delincuencia local.
Así, se crearon los llamados 'centros fusionados de información': espacios con equipos tecnológicos costosos donde comenzaron a trabajar funcionarios locales, estatales y federales que recogieron datos que supuestamente ayudarían en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, violaron las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses, empezando por su privacidad.
Prueba de ello es que un subcomité de Seguridad Nacional del Senado revisó más de 600 informes no clasificados que se encontraban en dichas instalaciones y llegó a la conclusión de que la mayoría no tenían nada que ver con el terrorismo, mientras que aquellas investigaciones que sí se centraban en materia terrorista en ocasiones se llevaron a cabo infringiendo las libertades civiles de los sospechosos.
Asimismo, los centros difundieron información sobre simpatizantes del político Ron Paul, activistas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), participantes de ambos lados del debate sobre el aborto o personas que acudieron a manifestaciones contra la guerra.
Según dijo en RT el director del diario La Nación Cubana, Pedro González Munné, el FBI y otras instituciones gastaron millones de dólares de los contribuyentes en dicho programa.
Asimismo, el analista subrayó que el hecho de que el presidente Bush y diversas instituciones como el propio Congreso o el Senado "les dieran carta blanca a las organizaciones de inteligencia para vigilar a los ciudadanos norteamericanos”, pasará a la historia como “una de las páginas de ignominia más grandes de Estados Unidos”.
González Munné lamentó que el destino de esta nación es convertirse en un país en el que “se prioriza el control del ciudadano por encima de las libertades individuales de las personas”.
“Gastan miles y miles de dólares haciendo expedientes y espionaje de personas que sencillamente están ejerciendo su derecho como ciudadanos norteamericanos amparados por la Constitución, que hoy en día se ha convertido nada más que en un papel en un museo”, concluyó.
A pesar de no haber logrado obtener información valiosa sobre terroristas, algunos medios consideran que es improbable que el Congreso suspenda este programa, dado que aporta una cantidad significativa de dinero a los gobiernos regionales y estatales, parte del cual se emplea en combatir la delincuencia local.
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