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Mexicanos se toman la justicia por su mano contra el narco: ¿única forma de defensa?
En México, grupos comunitarios muestran su resistencia al narcotráfico y crimen organizado combatiéndolos con sus propias manos.
Esta semana un grupo armado de autodefensa tomó el control de un poblado en el estado de Guerrero
para buscar a los presuntos implicados en el asesinato de uno de los integrantes del grupo comunitario.
Se retiraron sólo después de que la administración de la localidad prometiera a los activistas detener a los presuntos implicados en el caso. De esta forma, esta agrupación se suma a otra serie de iniciativas similares de autodefensa
que el gobierno tacha de ilegales.
Paralelamente, con motivo de Semana Santa, indígenas tarahumaras, en el estado norteño de Chihuahua, organizaron un rezo para expulsar a los narcotraficantes de su territorio.
Jesús Ramírez Cuevas, editor ejecutivo del periódico 'Regeneración', indica que existe un doble rasero en la actitud que mantienen las autoridades en relación a estos grupos.
"El ejército ha tenido una doble política: por un lado ha dicho que van a desarmar a todos estos grupos civiles, algunos asociados a pueblos indígenas, […] y por otro lado promueve pelotones de seguridad rural en manos de ganaderos", apunta el analista en conversación con RT.
Ramírez lamenta que este última política puede derivar hacia una "legalización de grupos paramilitares asociados a fuerzas policiacas o militares que no respondan a la seguridad pública y a la población sino a la protección e intereses locales de caciques y de empresas privadas".
"Son comunidades muy pobres donde están surgiendo estos fenómenos, algunos asociados a comunidades indígenas y el estado ha estado ausente no solo en la seguridad pública sino en la inversión social y en el desarrollo de esos lugares", puntualiza Ramírez.
Paralelamente, con motivo de Semana Santa, indígenas tarahumaras, en el estado norteño de Chihuahua, organizaron un rezo para expulsar a los narcotraficantes de su territorio.
Jesús Ramírez Cuevas, editor ejecutivo del periódico 'Regeneración', indica que existe un doble rasero en la actitud que mantienen las autoridades en relación a estos grupos.
"El ejército ha tenido una doble política: por un lado ha dicho que van a desarmar a todos estos grupos civiles, algunos asociados a pueblos indígenas, […] y por otro lado promueve pelotones de seguridad rural en manos de ganaderos", apunta el analista en conversación con RT.
Ramírez lamenta que este última política puede derivar hacia una "legalización de grupos paramilitares asociados a fuerzas policiacas o militares que no respondan a la seguridad pública y a la población sino a la protección e intereses locales de caciques y de empresas privadas".
"Son comunidades muy pobres donde están surgiendo estos fenómenos, algunos asociados a comunidades indígenas y el estado ha estado ausente no solo en la seguridad pública sino en la inversión social y en el desarrollo de esos lugares", puntualiza Ramírez.
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