Líbano se está apagando. El estado es incapaz de suministrar electricidad a sus ciudadanos y los generadores privados ya están quedándose sin el combustible que necesitan para poder seguir funcionando. Hay zonas que pasan entre 20 y 22 horas al día sin electricidad; y ni siquiera los hospitales se salvan de la situación. Los sueños de los libaneses se están apagando, y con el hambre y la penumbra, también aumentan los suicidios.
El gobierno es incapaz de articular soluciones para el país. Mientras las autoridades se limitan a repetir que volverá a haber electricidad y que la situación poco a poco se resolverá con la llegada de nuevos buques con combustible, el Fondo Monetario Internacional alerta que el sistema económico está al borde del colapso. Las únicas palabras de políticos que los ciudadanos parecen creer son las del Ministro de Economía, Raoul Mehmet, diciendo que la recesión hace parecer al Líbano un "estado fallido".
En su última lista de países en los que la población sufre inseguridad alimentaria, la FAO ha añadido a Líbano. El pequeño estado, de unos seis millones de habitantes y que fuera en el pasado parte del granero de Roma, ahora aparece en la lista del hambre junto a vecinos como Siria e Irak, porque aunque no sufra una guerra en términos tradicionales, sufre una profunda guerra consigo; entre la población y el sistema.
La Libra Libanesa se ha devaluado en apenas unas semanas un 80 % en el mercado negro. El precio de la alimentación se ha disparado, en algunos productos hasta un 190 %, e incluso el pan que está subsidiado por el gobierno se ha encarecido -por primera vez en casi una década- un 33%. La Administración Central de Estadística de Líbano estimaba en 2019 que el paro real, descontando a los trabajadores irregulares, superaba el 10 %. Algunas consultoras hoy hablan de un 30% y subiendo. Según el Ministerio de Asuntos Sociales, pronto el 75 % de los ciudadanos serán pobres.
Los encargados de solucionar la crisis no se ponen de acuerdo y el país no avanza. Políticos y banqueros se acusan mutuamente para no reconocer la vergüenza pública de haber sido ambos los causantes del problema. El sistema bancario libanés fue y es una estafa piramidal a gran escala [que se entiende muy fácilmente con el esquema Ponzi]. Cuando todo iba mal o al menos regular, los bancos libaneses iban genial con beneficios millonarios cada año, porque todo era irreal. Líbano es un país que depende principalmente en las importaciones, y en el que combustible, el pan, están subsidiados. Incluso, el Banque De Líbano (el estado) intervenía no para proteger la economía sino para mantener el cambio oficial de la Libra Libanesa a 1.507 por dólar, aunque a efectos prácticos fuese irreal. Ello creó el clima perfecto para la usura, donde la banca libanesa jugaba a un juego realmente peligroso: ofrecían créditos y colocaban enormes activos (la mayoría) en un único prestatario (el estado). Todo esto lo pagaban los nuevos inversores (ciudadanos) a los que se les llegó a ofrecer intereses tan exagerados como del 14 %. El banco no podía cubrir este movimiento de dinero con sus ganancias del cobro de préstamos, porque muchos no se llegaron a cobrar. Banqueros y políticos formaban parte del mismo sistema porque estaban contentos, porque el dinero fluía y sus bolsillos se llenaban. La burbuja solo necesitaba una cosa: que el dinero no dejase de entrar. Pero dejó de entrar.
La crisis iniciada en octubre de 2019 y la pandemia del covid-19 han sacado a la luz la fragilidad del modelo económico libanés. Con una diáspora que triplica a la población viviendo dentro de Líbano, el dinero que esta enviaba a su país era clave en el PIB libanés. Pero cuando Riad Salameh (director del Banco de Líbano) ordenó a las compañías como Western Union que -ante la falta de dólares- entregasen el dinero en Libra Libanesa cada día más devaluada, en lugar de en los dólares con los que se realizaba la transferencia, gran parte del dinero dejó de llegar. Entonces apareció el coronavirus, que detuvo el turismo en un país que vive del sistema financiero, del sistema inmobiliario y del turismo. A la crisis le faltaba por llegar la Ley César, que actualmente impide a Líbano comerciar con Siria; un vecino importante para el comercio y a quienes Líbano compraba combustible (que sigue moviéndose, pero de contrabando con todas las pérdidas que ello conlleva).
Volviendo al principio, poder comprar combustible era y es esencial para la supervivencia de Líbano. Con una oligarquía sectaria y rentista, la economía no funciona en base a la eficiencia en la gestión de los recursos sino mediante redes clientelares con favores entre amigos. Así pues, aunque el estado tiene el monopolio del suministro eléctrico (que los ciudadanos deben compensar comprando generadores privados para tener luz dados los constantes cortes que hay), cada año sufre gastos evitables que suman cerca de 2.000 millones de dólares anuales y suponen gran parte de la deuda del Líbano. Esto se debe a que al no ser Líbano un país autosuficiente, debe importar combustible para generar electricidad, pero también para que los generadores funcionen, e incluso todavía necesita comprar electricidad a Siria.
Al mismo tiempo, el combustible está subsidiado y el suministro eléctrico tiene un precio limitado. Y con esta lógica, con las pérdidas de un año que provoca la red eléctrica estatal -en gran medida determinada por el combustible subsidiado para generadores privados, ante la incapacidad del estado de generar electricidad para todos los ciudadanos-, se podrían construir tres plantas con las que el estado podría satisfacer la necesidad eléctrica de los ciudadanos… pero claro, esto implicaría ir contra una élite que, muy cercana a personalidades del gobierno, se enriquece a partir de las deficiencias del estado. Y con esta lógica, como haya algún problema con el suministro de combustible para los generadores privados ante la incapacidad del estado de mantener el suministro eléctrico, Líbano se apaga.
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