El primer error político con consecuencias terribles en España ha sido no tener establecido un plan de estrategias de prevención, así como fijados protocolos de seguridad y en conocimiento de la ciudadanía. Pese a encontrarse en un territorio que es proclive a este tipo de fenómenos atmosféricos, y existiendo información y estudios que así lo atestiguan.
Desgraciadamente podemos decir que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de 2024 ha sido incluso más devastadora de lo que fue la riada de 1957. El saldo de víctimas mortales tras el paso de este fenómeno meteorológico por la península Ibérica, ha sido de 217 personas, 211 solo en la Comunidad Valenciana, 5 en Castilla La Mancha y una persona en Andalucía.
En la Comunidad Valenciana, el gobierno actual está liderado por el Partido Popular (PP) en coalición con Vox. Carlos Mazón, del Partido Popular, ejerce la presidencia, mientras que Vox participa en algunas áreas de gobierno, como en la Consejería de Justicia e Interior, dirigida por Elisa Núñez y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezada por José Luis Aguirre.
Este gobierno decidió eliminar recientemente la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), creada con la finalidad de establecer una respuesta rápida ante catástrofes naturales como las DANAS, justificándolo como un gasto innecesario.
A los errores previos, además, se sumaron otros el mismo día de la tragedia. Pese a los reiterados avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se produjo una comunicación tardía a la población, cuando muchas de las zonas ya estaban inundadas.
Por otra parte, se han denunciado múltiples casos sobre el incumplimiento de medidas de seguridad por parte de empresas conocidas que forzaron a sus trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo o no les dieron aviso una vez se conoció la alerta.
La percepción fue de total inoperancia por parte de los responsables locales y autonómicos.
Mientras que la diputación de Valencia o la Universidad enviaron a sus trabajadores a casa y paralizaron las clases, esto no ocurrió en todos los sectores del ámbito público. Las escuelas abrieron, salvo en casos en los que la dirección del centro determinó, de forma autónoma, no hacerlo.
La percepción fue de total inoperancia por parte de los responsables locales y autonómicos. Y aunque desde los medios de comunicación se criminalizaba a los ciudadanos que de forma más o menos coordinada acudían a las zonas afectadas para tratar de ayudar, se obviaba, el principal reclamo de todos ellos: necesitamos medios, bomberos, al ejército, las unidades especiales.
El poco número de operativos especializados sobre el terreno aumentó la rabia de un pueblo que lo había perdido todo, incluso lo más valioso que tenemos que es la vida de nuestros seres queridos, y que no comprendían porqué nadie parecía entender la urgencia de la situación.
Llegaban noticias sobre cómo bomberos de otras comunidades autónomas se ofrecían a ayudar y cómo la comunidad autónoma los rechazaba; igualmente, salieron representantes de otros gobiernos, como el francés, ofreciendo una ayuda que también fue rechazada.
Aunque era inevitable el paso de la DANA, lo cierto es que podemos asegurar que con otras medidas y protocolos se podría haber evitado una cifra tan alta de víctimas mortales.
La incompetencia del Partido Popular y Vox, gobernantes en la Comunidad Autónoma del País Valenciano, traspasó esta frontera, y la nueva exigencia era al gobierno central, a manos del PSOE y Sumar, instándole a la declaración del Estado de emergencia enfocado en Valencia y que, en ese sentido, tomarán el mando de la situación. Algo que tampoco ocurrió.
A partir de este punto, el oportunismo político de absolutamente todos los nombrados empezó a ganar protagonismo. Todos se acusaban entre sí, mientras VOX aprovechaba para difundir bulos, obviando, entre otras cosas, que son parte del gobierno valenciano y que, además, en ese sentido son responsables del recorte de su sistema de emergencia.
Desde el gobierno central se apuraban en señalar que ellos no ayudaban porque nadie se lo pedía, planteando que querían evitar que está situación abriese un debate en relación a las competencias autonómicas o que el gobierno pudiese ser señalado de autoritario por imponer su control en Valencia.
Un escenario que aumentaba la sensación de desamparo principalmente del pueblo valenciano, pero también del resto del Estado que miraba este teatro del oportunismo y la inoperancia con dolor y miedo.
Finalmente, días después, el 3 de noviembre, tras un despliegue policial como no había habido hasta ese momento, se produjo la visita de los reyes de España a las zonas devastadas. La respuesta del pueblo fue en gran medida lanzarles barro mientras gritaban consignas de repulsa por la actitud del Estado ante la catástrofe, incluido ese "paseo" real que, además, había paralizado las tareas de limpieza y rescate. También fue agredido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita, y del mismo modo, "Mazón dimisión" se convirtió en el grito que ha acompañado al presidente de la Generalitat Valenciana.
Ante una irresponsabilidad manifestada en distintos grados por distintos actores institucionales, la población de Valencia tiene el derecho a exigir responsabilidades políticas, e incluso, penales.