A Lucas lo asesinaron con disparos por la espalda. A Luis lo mataron y escondieron el cuerpo. A Mauro lo golpearon. A Walter lo asfixiaron. Y Facundo está desaparecido. En todos los casos hay fuerzas de Seguridad involucradas.
Estos son apenas un puñado de los nombres propios reconvertidos en las últimas semanas en emblema de la violencia institucional que Argentina arrastra desde que en 1983 terminó la última dictadura militar, y con la que ningún gobierno democrático ha podido terminar.
No importa si son fuerzas nacionales o provinciales. Tal y como ocurre en gran parte de América Latina, muchas veces los policías argentinos inspiran más miedo que confianza. Es un desprestigio bien ganado. Y ahora encontraron en la pandemia un nuevo pretexto para cometer abusos.
Uno de los primeros casos que llamó la atención de la opinión pública fue el de Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años que fue detenido el 15 de mayo por policías de la provincia de Tucumán por violar la cuarentena.
En el operativo, un policía le disparó por la espalda. Lo mató. Varios policías se complotaron para esconder el cadáver. Lo arrojaron en un barranco. Luis, casado y padre de seis hijos, estuvo desaparecido durante una semana, hasta que hallaron el cuerpo.
Antes, el 5 de abril, Florencia Magalí Morales, de 39 años, madre y abuela, fue encontrada ahorcada en una comisaría en la provincia de San Luis. Los policías la habían detenido cuando salió de su casa, en bicicleta, para comprar alimentos, pero como no llevaba identificación, la acusaron de violar la cuarentena.
El 1 de mayo, Mauro Coronel, 22 años, padre de cuatro menores, fue detenido en Santiago del Estero, acusado de violencia de género por su pareja. Los policías lo torturaron, lo golpearon. Murió a los cuatro días en un hospital.
Tres semanas más tarde, el 24 de mayo, Alan Maidana, de 19 años, fue asesinado con un tiro en la espalda en la provincia de Buenos Aires. Le disparó un policía federal que, en ese momento, estaba fuera de servicio. Seis días después, también en esta provincia, un policía federal asesinó a Lucas Barrios, de 18 años, con 18 balazos. Lo acusó de haber querido robarle.
Otra historia de alta repercusión ocurrió el 26 de junio, cuando policías de Tucumán detuvieron en la calle a Walter Ceferino Nadal, de 43 años, a quien una mujer acusaba de haber querido robarle. El hombre murió asfixiado por los policías que lo redujeron en el piso, de manera similar a George Floyd, el caso que conmocionó a Estados Unidos.
El viernes pasado, Lucas Nahuel Verón fue asesinado por dos policías de la provincia de Buenos Aires. Ese día cumplía 18 años. Estaba a una cuadra de su casa. Iba en una moto junto a un amigo cuando los policías le dispararon.
Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de su casa el 30 de abril para ir a visitar a su novia. En el camino fue detenido por policías de la provincia de Buenos Aires que lo acusaron de incumplir la cuarentena. Desde entonces no se sabe nada de él.
La pregunta sobre el paradero de Facundo comenzó a replicarse de a poco en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, pero sin la magnitud esperada, dado que se trata de un nuevo caso de desaparición en democracia, en un país que todavía exige memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Se manifestaron los organismos de derechos humanos de siempre, y poco más.
Los reclamos al peronista gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, fueron más bien discretos. Parecía que las simpatías políticas se imponían. Algunos usaban el desgastado e insuficiente lugar común de mejor callarse para "no hacerle el juego a la derecha". A otros les bastaba que, a diferencia del gobierno anterior, las autoridades no culparan a las víctimas de sus tragedias ni encubrieran o negaran los casos. O explicaban que no podían salir a marchar por la cuarentena.
La coherencia de las convicciones se puso a prueba para evitar la aplicación de una doble vara marcada por la militancia. Para no repudiar solamente la violencia del Estado cuando hay un gobierno con el que no se simpatiza.
Esta semana, la desaparición de Facundo, sumada al asesinato de Lucas, ya tomó una nueva y mayor dimensión social. El caso interpela de manera directa al gobierno de Alberto Fernández y a sus promesas en materia de derechos humanos. Tanto, que Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, está promoviendo una reforma policial con miras a combatir la violencia de las fuerzas de Seguridad.
Después de múltiples demoras e irregularidades en la investigación, por fin se están haciendo rastrillajes para encontrar a Facundo. En otros de los últimos crímenes -no en todos- hay policías sancionados, separados de las fuerzas, procesados o indagados.
El presidente, Kicillof, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantienen el mismo discurso. Coinciden en la necesidad de actuar en cada caso, condenar los abusos, combatir la impunidad. En subrayar que no habrá tolerancia y que no se encubrirá a nadie. Que las familias de las víctimas serán acompañadas. El único que desentona es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, amante de hacer un show de sí mismo.
Las reacciones oficiales contrastan por completo con el amparo que el gobierno de Mauricio Macri brindó a las fuerzas de Seguridad que estuvieron involucrados en múltiples casos de "gatillo fácil", el eufemismo usado en Argentina para referirse a los asesinatos cometidos por policías. El discurso peronista es totalmente opuesto, pero no alcanza.
Sectores antiperonistas no pierden la oportunidad de aprovechar la violencia institucional registrada durante la pandemia para usar políticamente a las víctimas.
Con una súbita, repentina y sorpresiva indignación, comenzaron a denunciar cada caso y a reclamarle al presidente y a los gobiernos provinciales peronistas. Mutaron en nuevos e inesperados militantes de derechos humanos. Qué bien que se sumen a la lucha. Nunca es tarde.
Lástima que durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri poco o nada dijeron de las 1.833 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de Seguridad, de acuerdo con los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Más allá de los números, queda en la historia la doctrina aplicada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: defender a priori, sin investigación de por medio, a gendarmes, prefectos y policías involucrados en violaciones a derechos humanos; felicitarlos por disparar incluso por la espalda; visitarlos en el hospital si estaban heridos, lo que jamás hizo con los familiares de los asesinados en casos de "gatillo fácil"; y culpar a las víctimas.
"Fue a enfrentarse con un grupo violento", dijo Bullrich para justificar el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de 22 años, durante una represión en una comunidad mapuche. "Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía, que tiene todo el derecho a defenderse", afirmó para responsabilizar a Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, de haber sido ejecutado en Tucumán por un policía que le disparó en la nuca. Las pericias concluyeron que el niño no tenía armas, no había disparado. Y son sólo dos ejemplos.
El caso más emblemático de violencia institucional del macrismo fue el de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que desapareció el 1 de agosto de 2017, durante una represión de Gendarmería en una comunidad mapuche de la Patagonia. Su cuerpo fue encontrado 78 días después.
Desde que se denunció la desaparición, Bullrich defendió a ultranza a los gendarmes y acusó a la familia de la víctima de no querer colaborar con la investigación. Funcionarios, políticos y periodistas macristas difundieron más de 30 noticias falsas para generar dudas sobre Santiago y revictimizarlo. El maltrato fue permanente. Cuando por fin el cuerpo fue hallado en un río, la conclusión oficial fue que se había ahogado por no saber nadar. Era su culpa. De la represión, se olvidaron.
El 20 de mayo del año pasado, policías bonaerenses persiguieron en sus patrullas un vehículo. Le dispararon. Hubo un choque. Murieron Aníbal Suárez, de 22 años, y los menores Gonzalo Domínguez, de14; Camila López y Danilo Sansone, de 13. Rocío Guagliarello, también de 13 años, sobrevivió. Los policías falsificaron las actas. Hasta hoy, se desconoce por qué los perseguían. Por qué los mataron. Fue una masacre amparada en el silencio de los políticos entonces oficialistas.
Con estos antecedentes, es difícil confiar en la imprevista preocupación del macrismo por los derechos humanos ahora que son opositores.
Según Correpi, una organización que en 1996 comenzó a documentar la violencia institucional ocurrida desde el fin de la dictadura, en los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), 3.070 personas fueron asesinadas por policías provinciales, federales o guardias de servicios penitenciarios.
De acuerdo con sus reportes, desde 1983, casi la mitad de los abusos se cometen en la provincia de Buenos Aires. De ahí que la Bonaerense sea conocida como "la maldita policía". Y la mitad de las víctimas son jóvenes menores 25 años.
En un informe específico sobre la Policía Federal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) reveló que durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner (2011-2015), elementos de esta fuerza asesinaron a 276 personas.
Luciano Arruga, Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba son apenas algunos de los nombres propios que simbolizaron la violencia policial durante el kirchnerismo.
La lista de víctimas es larga. Y del actual gobierno depende que no sea interminable.
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