El 31 de julio de 2017, Santiago Maldonado estaba en el Pu Lof en Resistencia de la comunidad mapuche de Cushamen, en la provincia argentina de Chubut. Los habitantes del lugar estaban reclamando desde hacía meses por esos territorios en disputa con la multinacional de Luciano Benetton, propietario de miles de hectáreas en la Patagonia.
Solidarizándose con la causa, el joven de 28 años pasó esa helada noche de invierno allí y se sumó al día siguiente a un corte de la Ruta Nacional 40 para visibilizar el reclamo. Entre las consignas también se pedía por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, detenido en una causa irregular.
La Gendarmería argentina, siempre presente en los conflictos mapuches, había desplegado durante esa jornada un impresionante operativo considerando el pequeño grupo de manifestantes. Sin embargo, cuando llegó la orden judicial de "despejar" el corte de ruta no dudaron en ingresar al Pu Lof en lo que fue calificado por varios testigos como una "cacería".
Sin autorización del Juzgado, los gendarmes avanzaron sobre el territorio disparando balas de goma contra las personas que, según relataron los propios manifestantes, huían a esconderse. Fue la última vez que se vio con vida a Santiago.
Los días siguientes fueron de total incertidumbre, el joven parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Algunos testigos afirmaban que a Santiago lo había llevado detenido la Gendarmería. El 2 de agosto su familia presentó un 'habeas corpus' ante el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto (el mismo que había ordenado la represión sobre la ruta), denunciando que se trataba de una "desaparición forzada" llevada a cabo por la fuerza de seguridad.
En contraposición, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde el principio planteó que podía estar extraviado. Además se puso el foco en la comunidad mapuche, catalogándola de violenta. Sin embargo, con el correr de los días y el avance de la investigación que puso de relieve el rol de la Gendarmería, las autoridades cambiaron el eje y comenzaron a plantear que fue una acción "desmedida" de algunos agentes. Además, se descubrió que Pablo Noceti —jefe de gabinete de Bullrich— estuvo en el lugar de los hechos dirigiendo el operativo.
"La causa de Santiago Maldonado se compone judicialmente por dos expedientes", planteó a este medio la abogada de la familia, Verónica Heredia. Uno tuvo por objeto el habeas corpus que, conforme a la ley argentina, "procede cuando se denuncia la privación de la libertad de una persona en manos de funcionarios públicos". La otra es la que lleva la carátula de "desaparición forzada de persona".
En el marco del habeas corpus, Otranto "convocó a una audiencia el día 4 donde la autoridad denunciada era la Gendarmería", apuntó la abogada. Allí se presentó un comandante y "le dice al juez (que debe controlar e investigar) que actuaron en función de su orden", aunque esta solo había sido despejar la ruta. Para Heredia es aquí que "queda sellada la impunidad en el caso". "Si la autoridad denunciada dice 'yo hice todo en función de lo que usted nos dijo', queda respaldada por quien debe investigar. Ahí continuó todo lo que hasta la fecha vemos: nada", completó.
El 5 de agosto se realizó el primer rastrillaje en el territorio. Sin embargo, la Justicia avanzó en la hipótesis de que el joven estaba extraviado y no fue hasta 24 días después que caratuló la causa como 'desaparición forzada'. Asimismo, demoró 10 días en allanar por primera vez sedes de la Gendarmería. Para ese momento, los camiones utilizados el día de la represión habían sido lavados, con lo cual varias pruebas podrían haberse perdido.
Por otra parte, el magistrado Otranto ordenó allanamientos a la casa donde vivía Maldonado y hasta en una peluquería donde supuestamente se había visto al joven cortándose las rastas. En esa sintonía aceptó que la Gendarmería sea parte de la investigación, a pesar de ser una de las posibles instituciones implicadas en la desaparición.
"En el marco del habeas corpus que solo tiene el objeto de que funcionarios respondan, se intervinieron teléfonos de particulares", recordó la abogada. Y no solamente "de los testigos principales de la causa, sino también de Sergio, el hermano de Santiago, en una total ilegalidad y ocultando la verdadera intención".
Más de un mes después, el registro de más de 70 teléfonos de los miembros de las fuerzas de seguridad –sumado a sus declaraciones judiciales– develó que durante el operativo dispararon contra los manifestantes y que a Maldonado lo subieron a un vehículo de la Gendarmería.
Por eso, debido a su parcialidad e impericia, Otranto fue apartado de la causa por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que designó en su lugar al titular del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Rawson, Gustavo Lleral.
Ante el desamparo gubernamental y judicial, la reacción social fue completamente distinta. A través de redes sociales y luego con masivas manifestaciones callejeras, la sociedad argentina mostró su apoyo a la familia y exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado. Incluso debió soportar una brutal represión policial el 1 de septiembre en la Plaza de Mayo que dejó 30 personas detenidas, entre ellas varios periodistas.
El 17 de octubre, casi tres meses después y de forma sorpresiva, el cuerpo de Santiago apareció sin vida en el Río Chubut, muy cerca del lugar de la represión. A pesar de que la zona había sido rastrillada tres veces por las fuerzas de seguridad y que la comunidad mapuche transita habitualmente por allí, nadie lo había visto previamente.
"¿Se ahogó efectivamente en ese lugar donde la Gendarmería y la Justicia de la provincia de Neuquén estuvieron en dos oportunidades y no encontraron el cuerpo?", ha preguntado la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum, añadiendo que "todo tiene que ver con la responsabilidad del Estado en su conjunto".
"Hasta que apareció el cuerpo escuchamos declaraciones de funcionarios y legisladoras oficialistas que Santiago podía estar en Chile", cuestionó Heredia, y dijo que para las autoridades "hasta el 17 de octubre Santiago no estaba en ese lugar, luego de eso dijeron que se ahogó solo". "Así fue el relato acompañado por los medios de comunicación, de desinformación", subrayó.
En ese marco, la abogada querellante sostiene que tanto la Prefectura Naval como la Policía Federal, "que intervinieron en el caso desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre", también deben ser investigadas porque "se toparon con el cuerpo en un lugar por el que ya habían pasado y no respondieron porque, si siempre estuvo ahí, no lo habían encontrado antes".
Los días siguientes fueron un duro periplo para la familia. De hecho, fue esta la que debió garantizar la custodia del cuerpo y uno de sus peritos se ocupó de que fuera retirado del lugar en el mejor estado posible para luego realizar la autopsia en Buenos Aires. El informe definitivo llegó más de un mes después: Santiago falleció de "asfixia por inmersión", según los expertos.
Esta fue aceptada como la versión definitiva por el Gobierno argentino y los grandes medios de comunicación la respaldaron. Al morir ahogado, el Estado se desligó de toda responsabilidad pero sin responder algunas preguntas importantes: ¿Por qué Santiago se tiró al agua cuando no sabía nadar? ¿Quién atendió su teléfono el 2 de agosto cuando uno de sus amigos lo llamó? ¿Cómo es posible que habiendo investigado ese lugar tanto tiempo no hayan dado con el cuerpo antes si el río tenía escasa profundidad?
Apenas unos días antes de que se cumpliera el primer aniversario de la desaparición de Santiago, el perito criminalista Enrique Prueger dio otra versión. Según sus propios estudios, el joven "murió ahogado y su cuerpo fue escondido en algún lugar antes de ser arrojado al río para que se lo descubriera". Es decir, "fue apresado" y "escondido" para luego ser "plantado por alguien desde unas horas antes a unos diez días previos a su aparición".
En opinión de Prueger, la evidencia apunta a que el cadáver no estuvo 78 días sumergido. "Todos sabemos que el guantelete de piel de las manos en un cadáver que se ahoga entre 15 y 20 días desaparece, y le sacaron huellas dactilares", indicó el criminalista a RT.
"Yo formulé preguntas en relación al informe de autopsia y que están en línea con lo que plantea el licenciado Prueger", contó Heredia. Pero dijo que el juez rechazó que estas preguntas sean contestadas por quienes hicieron el informe oficial.
También aseguró que el perito se puso a disposición de ella y de la familia, por lo cual solicitó que se le tome declaración en el marco de la causa "para que diga, en el marco del expediente, todo lo que él tenga para decir al respecto".
A un año de la desaparición, "aún no se ha iniciado una investigación independiente del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad que es el primer responsable en estos hechos", cuestionó la entrevistada, y aseguró que por eso "se dice cualquier cosa" al respecto. "Estas confusiones lo único que provocan en la familia es angustia, es una tortura. Hace un año que viven en un infierno", sentenció.
Consultada sobre qué balance hace de toda esta experiencia, Heredia recordó que el caso de Santiago no es el primero de una desaparición forzada en democracia. En ese sentido nombró a otros jóvenes como Iván Eladio Torres, Sergio Ávalos, Daniel Solano y Facundo Rivera, entre otros.
"Son causas de desaparición forzada en democracia donde nos encontramos con la misma metodología por parte de las autoridades del Estado e incluso de los medios de comunicación que pretenden instalar que la culpa la tiene la víctima", analizó. Ya sea porque "estaba en el lugar equivocado, tenía causas penales pendientes, sea por lo que sea, mantienen el 'algo habrán hecho' que se decía en la dictadura".
El miércoles, a un año de la desaparición forzada y muerte de #SantiagoMaldonado vamos a Plaza de Mayo, a las 17 hs. a exigir #JuaticiaPorSantiago#ElEstadoEsResponsable#SantiagoEsSolidaridadpic.twitter.com/PPpOiM3KIJ
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 29 de julio de 2018
Desde su punto de vista, esto empeora con la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de avanzar en un proceso similar al de Colombia y México con la militarización de la seguridad interior.
No obstante, sostiene, en este contexto hay algo que "da esperanza" y es "la gran movilización de la gente, esa ha sido la diferencia". "La gente que ha salido a la calle, que reclama, que no va a permitir nuevas desapariciones forzadas", remarcó la abogada.
Esa misma sociedad que también rechazó el decreto que permite a las Fuerzas Armadas participar de tareas de seguridad interna. Eso se podrá detener "solamente en la calle denunciando, teniendo como faro a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que hace 40 años que están luchando", concluyó.
Santiago Mayor