A unas, las obligan a ser madres. A otras, a no serlo. El común denominador es que son mujeres a las que el Estado les impide decidir sobre sus propios cuerpos.
Así lo demuestran dos causas judiciales de tremenda actualidad porque evidencian la permanente y violenta paradoja que vivimos en la región en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Uno de esos casos se dirime en Chile, en donde cada año miles de mujeres, principalmente las que se encuentran en situaciones económicas más vulnerables, se acogen al Programa de Planificación Familiar y Paternidad Responsable que permite que el Estado les entregue píldoras anticonceptivas.
El año pasado, el Instituto de Salud Pública advirtió que varios lotes de pastillas estaban defectuosas. No servían, por lo que tuvieron que retirarlas. Pero el daño ya estaba hecho.
De acuerdo con datos de Corporación Miles, una organización que realiza una importante labor en pro de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en este país, más de 100 mujeres quedaron embarazadas sin quererlo, creyendo que se estaban cuidando y siguiendo las indicaciones de programas públicos que fallaron.
Las falencias e irresponsabilidad del Estado no terminaron ahí. Resulta que estas mujeres no se les permite abortar, un derecho que las chilenas conquistaron a medias y recién en 2017, el año en el que, después de décadas de lucha, lograron que se despenalizara el aborto por tres causales: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer está en peligro o si hay inviabilidad fetal.
Hoy haría falta una cuarta causal: que el embarazo sea producto del uso de anticonceptivos inservibles provistos por el Estado. Pero no existe, no está en la Ley y, por lo tanto, las mujeres han tenido que seguir adelante con una gestación indeseada, con el daño que ello conlleva a sus proyectos de vida y la sensación de impotencia e injusticia.
Este caso demuestra la urgencia de que Chile despenalice el aborto sin causales, es decir, que baste la mera voluntad de la mujer para interrumpir embarazos, iniciativa que este año comenzó a debatir la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara de Diputados.
El dictamen, que en principio se pensaba tener en abril para someterlo a votación ante el pleno, se ha postergado una u otra vez después de una serie de audiencias virtuales en las que los representantes de los sectores más conservadores de Chile han ratificado su resistencia con un falso argumento: arguyen que las feministas quieren "aborto libre" o legalización, como la que se aprobó en diciembre en Argentina, pero la iniciativa solo plantea la despenalización hasta la semana 14 de gestación, o sea, que ninguna chilena más sea criminalizada por interrumpir su embarazo.
La última audiencia de la Comisión se realizó el 14 de abril, pero el proyecto sigue estancado. Sin embargo, las perspectivas son optimistas gracias al abrumador triunfo que las y los candidatos independientes y/o progresistas tuvieron en las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que fueron votados las y los 155 Convencionales que escribirán una nueva Constitución.
La histórica paridad de género y la alta presencia de luchadoras feministas que habrá en este nuevo órgano abre una puerta de esperanza a que, por fin, los derechos de las chilenas queden plasmadas en la Carta Magna y, sobre todo, sean respetados.
Pero si en Chile a un centenar de mujeres las obligaron a ser madres, a pesar de que habían confiado en programas estatales de control natal, en Perú esos mismos programas las forzaron a no ser madres, aunque lo quisieran.
El siniestro motivo para que el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori pusiera en marcha programas de esterilización masiva y no consentida por las pacientes, fue que no perpetuaran la miseria. Sí, porque ellas pertenecían a los sectores sociales más bajos. Y, según sus criterios eugenésicos, solo así Perú reduciría sus niveles de pobreza. Su economía crecería. Sería un país pujante.
Las esterilizaciones ocurrieron en la década del 90, pero el juicio comenzó recién en marzo pasado. Es el proceso más reciente al que está sometido un líder político que ya está condenado en otras causas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El fiscal Pablo Espinoza fue tajante en su acusación: "Fujimori tenía la intención de reducir la tasa de natalidad y así disminuir los niveles de pobreza (...) la implementación y aplicación se tornó política de Estado, la intención era esterilizar a todos los pobres porque no hay agraviadas de otros sectores sociales".
Muchas de las víctimas eran indígenas y ni siquiera hablaban español. Jamás se les informó que estaban siendo sometidas a intervenciones quirúrgicas que les impedirían ser madres.
En el juicio se están investigando 1.300 esterilizaciones no consentidas, pero la Defensoría del Pueblo calcula que, en realidad, entre 1995 y 2000 hubo más de 270.000 operaciones de ligadura de trompas y más de 22.000 vasectomías, sin que se tenga precisión cuántas de todas estas operaciones fueron obligadas.
Hasta ahora, alrededor de 8.000 personas se han inscrito en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió desde el año 2016. Y, por fin, y por lo menos, recibirán una indemnización.
Más allá de que el juicio está en marcha, la impunidad también está al acecho. Keiko Fujimori, la hija del dictador y candidata que se enfrentará al izquierdista Pedro Castillo en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú, prevista para el 6 de junio, ha anticipado una y otra vez que, si gana, una de sus primeras medidas de Gobierno será indultar a su padre. El pueblo peruano está avisado.
La semana pasada, por enésima vez, la candidata se sumió en una controversia. Ahora por el proceso más reciente y todavía inconcluso contra su padre.
"En el caso mal llamado 'esterilizaciones forzadas', ese fue un plan de planificación familiar. Son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y se han archivado en cuatro oportunidades, pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial", dijo Fujimori, en su afán de minimizar uno más de los tantos crímenes del expresidente.
Pero ahí están los testimonios de las víctimas, las acusaciones que han repetido una y otra vez durante tantos años sin que hasta ahora hayan logrado atisbo de una justicia por haberles mutilado sus cuerpos para que no pudieran decidir cuándo gestar.
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