El lunes 3 de septiembre el Ministerio de Defensa informó que suspendía la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. Lo hizo a bombo y platillo en los medios de comunicación afines, claro. Bombas que, después de varios años de conflicto y más de 10.000 muertos, nadie podría negar, ni tan siquiera ligeramente, que podrían haber sido arrojadas sobre población civil en Yemen.
Los sauditas, que tan buena relación guardan con los Borbones, gustan de bombardear mujeres, ancianos y niños, según ha quedado ampliamente documentado. Y lo hacen con pilotos de gran precisión formados en las Fuerzas Armadas comandadas por Felipe VI, gran amante saudita.
Un ejemplo de la precisión y profesionalidad de los pilotos formados en tierras españolas podría encontrarse en el bombardeo de varios autobuses escolares que se dirigían a un campamento de verano el pasado mes de agosto: perecieron entre 25 y 40 niños entre los más de 50 fallecidos y 77 heridos. Bien, por la formación militar obtenida en España; mejor, por la precisión de las bombas vendidas.
Fue tras ese episodio cuando Margarita Robles anunció que el Ministerio de Defensa revisaría la venta de armas a Arabia Saudí y, consecuencia de ello, se produjo esta suspensión de la venta de 400 bombas de precisión que obligaba a España a devolver el dinero abonado por los sauditas: 9,2 millones de euros.
Esta cómplice venta de material bélico a un país que lleva varios años cometiendo crímenes de guerra fue perpetrada por Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal, los dos anteriores ministros de Defensa, junto al anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tres actores que materializaron las buenas relaciones entre las familias reales de ambos países, las cuales guardan en muchos aspectos grandes parecidos, con transacciones millonarias en munición, armas y material bélico.
Si bien la decisión de Margarita Robles solo puede recibir parabienes si se analiza individualmente, no es menos cierto que solo puede considerarse como una operación de maquillaje si tenemos en cuenta la globalidad. Un maquillaje de muerte. De miles de muertos.
Los datos al respecto son concluyentes: España, según Amnistía Internacional, exportó a Arabia Saudí material bélico por valor de 932 millones de euros entre 2015 y 2017. Cifra que llegaría a los 1.200 millones de euros si tuviéramos en cuenta a los aliados sauditas que participan del horror saudí. De hecho, si solo tuviéramos en cuenta el año 2017 el total de dinero ingresado por repuestos de aeronaves, drones, plataformas portamorteros, granadas de mortero o munición de artillería ascendería a 270 millones de euros.
Por lo tanto, una suspensión de venta de armamento que no llega a los 10 millones de euros solo puede calificarse como una operación de marketing, pues solo se trata del 1% del material vendido a los sauditas entre 2015 y 2017 o el 3,7% si solo tenemos en cuenta lo vendido en 2017.
Sorprendentemente, en la Comisión de Defensa del día 10 de septiembre Margarita Robles afirmó que la venta de las 400 bombas de precisión no estaba suspendida y que, en cualquier caso, ello no afectaría a la venta de las embarcaciones de Navantia que van a generar 2.000 millones de ingresos. Embarcaciones que sí afectarían a millones de personas sometidas a un cruel bloqueo que puede contribuir a la mayor catástrofe humanitaria del planeta a día de hoy: Yemen.
Desdecirse fue el principio, rectificar el fin. El día 12 de septiembre España rectificaba ante el temor de perder la venta de embarcaciones militares y la cancelación del resto de contratos y enviaba a Arabia Saudí las 400 bombas de precisión.
El Parlamento Europeo solicitó en noviembre de 2017, hace casi un año, el cese de la venta de armas a Arabia Saudí por la continua vulneración del Derecho Internacional Humanitario que se está produciendo en Yemen, país en el que se ha certificado el bombardeo de hospitales, mercados y escuelas y la muerte de varios miles de civiles, entre ellos ancianos, mujeres y niños.
Si tenemos en cuenta el mandato del Parlamento Europeo o la paralización de la venta de armas que han acometido países como Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega, Bélgica o Alemania, la decisión del Ministerio de Defensa resulta insuficiente por completo.
Queda claro, pues, que el único objetivo posible de un país democrático y respetuoso con el Derecho Internacional no puede ser otro que la suspensión total e indefinida de todo armamento vendido a Arabia Saudí, sea cual sea el mismo.
Las embarcaciones militares, como el resto del material bélico, matan y lo hacen con una precisión asombrosa. Si a las bombas vendidas por los españoles podemos atribuirles, aunque sea en modo condicional, el fallecimiento de civiles en hospitales, colegios, mercados, entierros o campamentos de verano, a las embarcaciones militares se les puede atribuir el bloqueo militar que está causando una auténtica catástrofe humanitaria: hambre y/o malnutrición en tres de cada cuatro yemeníes. Total: 19 millones de personas en riesgo de fallecer.
Por todo ello, el ejemplo son los países que han paralizado la venta de armas a este antidemocrático y opresor régimen e, incluso, los que van más allá y critican abiertamente lo que en las tierras alauitas sucede: Canadá. De hecho, Arabia Saudí ha roto relaciones con Canadá por las críticas realizadas por este país hacia las violaciones de derechos humanos producidas.
Mientras Canadá critica a Arabia Saudita y este responde con la expulsión del embajador canadiense en el país y mientras gran parte de los países civilizados han dejado de vender armas a los sauditas por los crímenes que están cometiendo, nuestro país se conforma con una suspensión de venta de armas inferior a los 10 millones de euros mientras nuestro monarca se fotografía alegre y gustoso con los sátrapas sauditas y les blanquea la imagen.
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