Donald Trump advirtió el pasado viernes 31 de mayo de la imposición de aranceles progresivos a México si este no detenía el flujo de migrantes que entran en los Estados Unidos por su extensa frontera meridional (3.169 km). El próximo 10 de junio entraría en vigor un primer arancel, que sería del 5 %, e iría aumentando hasta llegar al 25 % el 1 de octubre, salvo que se resolviera lo que Donald Trump consideraba el problema de la inmigración mexicana.
La amenaza fue perpetrada el mismo día que comenzaba el proceso de ratificación del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá), a solo un año y medio de las próximas elecciones y tras el fiasco del intento de construcción de un muro anti-inmigratorio en la frontera con el país azteca. Y si bien la construcción del tan ansiado muro anti-migratorio poseía una efectividad nula en los movimientos, los aranceles tendrían un efecto imprevisible, posiblemente catastrófico, tanto en México como en Estados Unidos y el resto del mundo.
Aunque finalmente Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo conviene analizar someramente los movimientos migratorios procedentes del país azteca para descartar que esta sea la verdadera cuestión en el trasfondo de la amenaza de Donald Trump.
Según Fernando Chávez (Las olas migratorias de México a Estados Unidos), la migración al país de las barras y estrellas supone el 5,1 % del total mundial y constituye en la actualidad el segundo movimiento más importante tras el acontecido en India (6,4 %). Por detrás quedarían Rusia (4,3 %), China (3,9 %) y Bangladesh (3 %).
Además, estima este economista y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) que en Estados Unidos hay unos 12 millones de mexicanos emigrantes, que unidos a sus descendientes de segunda y tercera generación sumarían un total de 35 millones, pero la cifra de indocumentados es mucho más baja, ya que 'sólo' sumaba 6 millones de mexicanos en el año 2014, habiendo sido su máximo histórico 7 millones en el año 2007.
Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene una población estimada de 327 millones de habitantes en 2018. Es decir, 6 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados no llegan al 2 % de la población total, porcentaje demasiado insignificante como para ser considerado un problema de la magnitud que plantea Donald Trump, máxime cuando el total de migrantes indocumentados en el año 2016 estaba calculado en unos 11 millones (menos de un 4 % de la población total de EEUU), según el centro Pew.
Por si fuera poco, los movimientos migratorios anuales son todavía más insignificantes teniendo en cuenta los registros históricos, pues revelan una clara tendencia a la disminución desde el año 2000, en el que se contabilizaron 1,6 millones de inmigrantes, hasta el año 2018, menos de 400.000. Además, su análisis demuestra que está configurado por más centroamericanos que mexicanos.
Es cierto que en el mes de marzo de este 2019 se produjo la mayor detención de indocumentados en la frontera mexicana desde el año 2007, un total de 76.103, la mayoría de ellos centroamericanos, y que los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU están desbordados, pero de ahí a considerar la situación como una emergencia nacional y alarmar a la ciudadanía con una injustificada relación de la migración con el aumento de criminalidad y drogas hay un abismo.
Aunque finalmente los aranceles no se hayan impuesto el golpe de los EE.UU. a México ya es irreparable por la inseguridad jurídica que acaba de introducir en el escenario. En un contexto en el cual existe un acuerdo comercial vigente desde 1993 (TLC) y se está negociando un nuevo acuerdo (TMEC) la imposición arancelaria norteamericana implica una vulneración legislativa arbitraria y, por tanto, la introducción de una variable imprevisible en el sector comercial. Y ello no ha sido casualidad.
Bajo la pretexto de la migración, que los datos hasta ahora analizados desmontan —no existe una situación alarmante en cuanto a migración—, esta crisis arancelaria tiene por objetivo disminuir el flujo inversor hacia México, país con salarios bajos y excelentes condiciones de exportación a EEUU. Y el objetivo se ha cumplido, pues todos los inversores son conscientes a día de hoy que, por encima de los tratados, Estados Unidos puede de forma arbitraria cambiar las reglas del juego. La incertidumbre ya es una variable más con la que contar a la hora de invertir en México.
Además, habría que recordar que el verano pasado, en junio de 2018, EE.UU. y México ya se vieron involucrados en una reyerta comercial cuando los norteamericanos impusieron aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio, a lo que México respondió con aranceles por valor de 3.000 millones de euros al whisky, queso, cerdo y otros productos.
La amenaza de Estados Unidos a México podría generar su recesión, pues las exportaciones con EE.UU. suponen entre un 1 % y un 1,5 % de su PIB. Una recesión en la que México habría entrado con toda seguridad de implementarse los aranceles, pero que con la actual situación de incertidumbre nadie podría descartar por completo.
Cuando parecía que la guerra arancelaria sería un hecho se produjo un acuerdo de última hora el pasado viernes 7 de junio. Los elementos de dicho acuerdo no dejan de ser conflictivos. Por un lado, Méxicose compromete al despliegue de fuerzas militares, la Guardia Nacional, para el control de la migración, especialmente en la frontera sur mexicana, con objeto de detener la migración proveniente del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Estados Unidos a su vez se compromete a invertir en el desarrollo de esta región 5.800 millones de dólares. Además, México se compromete a perseguir a las redes de traficantes de personas y a dar cobijo, atención médica y trabajo a aquellos que se encuentren en espera de resolución de la solicitud de asilo.
Con este acuerdo se pretende frenar las migraciones inmediatas por la fuerza, desarrollar los países de los que surgen las migraciones para que a medio plazo, hacia 2030, las migraciones se hayan visto reducidas y, mientras ello sucede, México se encarga de los migrantes.
El problema del plan, a priori, es evidente. En primer lugar, no parece que la fuerza vaya a ser la solución a los movimientos migratorios, especialmente si como afirma el presidente mexicano, AMLO, se pretende además respetar los derechos humanos. En el pasado, cuando los flujos se detuvieron por las rutas más sencillas, como las carreteras, los migrantes usaron las más complejas, como las montañas. No parece que México sea geográficamente hablando el país ideal para situar unos miles de policías militares armados y solucionar con ello el problema.
Pensemos que la frontera sur de México ha sido cruzada por más de medio millón de personas en lo que va de año. De ellos, más de 40.000 niños y niñas. Y todos ellos lo hicieron huyendo de la miseria. Y esa poca solución va a encontrar en la Guardia Nacional.
En segundo lugar, Honduras, Guatemala y El Salvador acumularon un PIB en el año 2017 de unos 125.000 millones de dólares (23.000+75.000+25.000, respectivamente), por lo que una ayuda de 5.800 millones de dólares no se antoja suficiente como para permitir implementar un plan de desarrollo regional que detenga los movimientos migratorios. Más bien parece un parche. Una justificación.
Puede que los problemas hayan terminado para Estados Unidos que, a buen seguro, con el uso de la fuerza habrá reducido el número de migrantes en su frontera, también es muy probable que lo sucedido haya afectado económicamente a México —para mal— y electoralmente a Donald Trump —para bien—, pero lo que es indudable es que este plan está abocado al fracaso porque no resuelve los problemas más importantes: la pobreza y la desigualdad.
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