¿El presidente de México está en problemas por el caso del #GobiernoEspía?

El laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Ontario, Canadá) ha certificado que, entre enero de 2015 y agosto de 2016, diversos periodistas y activistas mexicanos recibieron mensajes de texto fraudulentos para que se instalara en sus teléfonos móviles un programa de espionaje que vigilaba a sus dueños mediante la cámara y el micrófono de sus dispositivos.

"Es el caso más claro de abuso": periodistas exigen a Peña Nieto explicar caso #GobiernoEspía

Ese 'software' conocido como Pegasus es obra de la empresa NSO Group y es un producto que solo vende a los gobiernos, debido a que su propósito principal es prevenir, vigilar e interceptar comunicaciones entre grupos criminales y terroristas.

En 2013, México adquirió esa solución informática para espiar a narcotraficantes como Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, entonces líder de Cártel de Sinaloa y prófugo de la justicia mexicana y estadounidense.

El reporte 'Gobierno Espía' elaborado por Artículo 19, Social TIC y R3D destaca que ese 'malware' fue utilizado para vigilar celulares de 12 objetivos agrupados en cinco casos y tuvo un costo que rondó los 77.000 dólares por cada infección exitosa, según el diario 'The New York Times'.

Espionaje en México: "Un fin político represivo"

Ricardo González Bernal, coordinador del Programa Global de Protección de la organización no gubernamental Artículo 19, asegura a RT que "este tipo de vigilancia" es "legal" pero, de acuerdo a la información revelada, "no se utilizó para un fin legítimo", algo "inconstitucional y violatorio del derecho a la privacidad".

RT: ¿Los periodistas pueden proceder legalmente contra las instituciones mexicanas por violar su derecho a la privacidad?

RG: Por supuesto: la intervención de comunicaciones privadas sin una orden judicial es una violación al derecho a la privacidad y al orden constitucional vigente. Los casos de intervención de periodistas y personas defensoras de derechos humanos demuestran un afán político abiertamente represivo y no un fin legítimo.

RT: ¿Cuál es la postura de Artículo 19 respecto a esta situación?

RG: Dado que existen suficientes indicios, demandamos que se inicie una investigación sobre cada hecho documentados. De manera paralela, consideramos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto estaría obligado a ofrecer la mayor cantidad posible de información que permita despejar cualquier duda acerca de este tema.

RT: ¿Logrará el Ejecutivo de EPN desmarcarse del espionaje hacia los comunicadores mexicanos?

RG: Los indicios ofrecidos en la investigación son datos confirmados, no opiniones, con lo cual no dejan margen a un deslinde mediático. Si lo que ellos plantean tuviera un mínimo grado de veracidad, surge una pregunta verdaderamente alarmante: ¿Para qué y quién ha comprado y utilizado 'software' de espionaje sin que los órganos judiciales y de inteligencia tuvieran conocimiento?

RT: ¿Qué similitudes halló el Gobierno mexicano para creer que 'El Chapo' Guzmán y los periodistas son el mismo 'enemigo público'?

RG: Los movimientos sociales, la prensa independiente y la defensa de derechos humanos siempre se han confundido como amenazas a la seguridad nacional y no como una amenaza al grupo político en el Gobierno. Durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), el aparato de represión y control político de las décadas de los 60 y los 70 ha sido fortalecido con la utilización de tecnología punta, pero con los mismos enfoque represivo y motivación partidista.

José Luis Montenegro