Algunas claves para entender (un poco) lo que está pasando en Cataluña

El gobierno regional de Cataluña ha convocado para este domingo, 1 de octubre, un referéndum de autodeterminación en el que los votantes tendrán que responder 'sí' o 'no' a la siguiente pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". La consulta ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional de España y no cuenta con el aval del Gobierno de Mariano Rajoy, que asegura que es "ilegal".

Aunque las medidas judiciales del Estado español contra el referéndum es muy posible que impidan su celebración, al menos con todas las garantías necesarias, las autoridades catalanas han desoído las órdenes de los tribunales y siguen adelante con la consulta, amparándose en su derecho a decidir.

Tradicionalmente, Cataluña ha tenido un movimiento social independentista, con mayor o menor fuerza, pero siempre de forma minoritaria. Esta situación comenzó a cambiar en 2010, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de España de anular y fijar la interpretación de varios artículos de su Estatuto de Autonomía. Esta norma institucional básica de la comunidad autónoma había sido aprobada en 2006 por el Parlamento catalán, las Cortes españolas y el pueblo de Cataluña en referéndum, pero el Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el texto.

Así, la cuestión de la independencia de Cataluña comenzó a irrumpir de lleno en la agenda política, convirtiéndose en el tema principal de las elecciones al Parlamento regional celebradas en septiembre de 2015. De las urnas salió una Cámara territorial con mayoría independentista en número de escaños (72 de los 135), aunque no en número de votos (47,8%). Sin embargo, otras dos fuerzas políticas apostaron por un referéndum legal en su programa electoral, aunque sin defender la separación de España.

A favor de la independencia:

• Junts pel Sí (JxSí): Se trata de una coalición electoral de varios partidos de la derecha y la izquierda creada para concurrir a estos comicios. Concretamente, estas formaciones son Convergencia Convergencia Democrática de Cataluña - actualmente PDeCAT -, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres. Obtuvo 62 diputados.

• Candidatura d'Unitat Popular (CUP): Esta formación política de la izquierda anticapitalista consiguió 10 escaños en el Parlamento catalán.

A favor de una consulta legal, sin defender la separación de España:

• Catalunya Sí que es Pot (CSQP): Se trata de otra coalición electoral, en este caso exclusivamente de izquierdas, creada también para estas elecciones. Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos y Equo integran la coalición. Obtuvo 11 diputados.
• Partido Socialista de Cataluña (PSC): La rama territorial del PSOE en Cataluña consiguió 16 escaños. 

Partidos contrarios a la independencia y un referéndum:

• En este apartado están las ramas territoriales de otros dos partidos nacionales: el Partido Popular de Cataluña (PPC), que obtuvo 11 escaños; y Ciudadanos (C’s), 25 escaños.

Dos semanas después de la celebración de las elecciones al Parlamento catalán, las fuerzas independentistas aprobaron el "inicio del proceso de creación" de un "Estado catalán independiente en forma de república". Comenzaba, así, un largo proceso en el que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con las autoridades catalanas para alcanzar una solución a la crisis territorial. De esta manera, el pasado 9 de junio, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunciaba la fecha concreta del plebiscito - 1 de octubre - y la pregunta a responder por los votantes: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".

Con el referéndum de autodeterminación ya en marcha, el Parlamento catalán procedió a aprobar, a finales de julio, una reforma de su propio reglamento para permitir sacar adelante leyes con plazos más breves y limitar las enmiendas. Así, el pasado 6 de septiembre, la Cámara aprobó, sirviéndose de su mayoría independentista, la ley del referéndum, que no contó con el apoyo de los partidos de la oposición, al considerar que se habían incumplido las reglas del Parlamento y todos los procedimientos legales. 

El censo electoral es una de las grandes incógnitas del 1 de octubre. Al no poder hacer uso de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las autoridades catalanas establecieron que el censo electoral para la consulta es el que se cerró el día 30 de marzo de 2017 y, en el caso de que en esa fecha no se hubiese incorporado la información correspondiente a algunos municipios o de los catalanes, se utilizaría la última información disponible. 

Por ello, de forma general, podrán votar los mayores de 18 años que tengan residencia en Cataluña, incluidos los residentes en el extranjero. Sin embargo, no será posible ni el voto por correo postal ni el electrónico.

Según la ley del referéndum, si hay más votos afirmativo que negativos - no establece un mínimo de participación - el Parlamento catalán declarará la independencia en los dos días siguientes a la lectura de los resultados. En caso contrario, se convocarán de inmediato elecciones autonómicas para elegir una nueva Cámara de representación territorial.

Al ser un referéndum vinculante, según las autoridades catalanas, el Parlamento catalán también ha aprobado una ley - la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república - que establece las normas provisionales que regirán en el territorio, en caso de que gane el 'sí', hasta la aprobación de una Constitución propia. Esta norma, también suspendida por el Tribunal Constitucional, establece que Cataluña será una "república de derecho, democrática y social" y atribuye la soberanía nacional "al pueblo de Cataluña".

Un día después de la aprobación de la ley del referéndum, el Tribunal Constitucional de España suspendió de forma cautelar la citada norma al aceptar a trámite varios recursos presentados por el Gobierno español, que ha dejado claro en reiteradas ocasiones que la consulta no va a celebrarse porque vulnera la Carta Magna y, por tanto, es "ilegal".

Esta es la solución para la situación que se vive en Cataluña y en otras partes de España

El Constitucional ya aclaró en el pasado que todas las actuaciones en torno a este tipo de consultas son "inconstitucionales en su totalidad" por "no corresponder a la comunidad autónoma" la "convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones" que afectan "al orden constituido y al fundamento del orden constitucional".

Por tanto, según este órgano, un referéndum de autodeterminación no se puede llevar a cabo de forma lícita sin una previa reforma constitucional. Para ello, se tendría que aplicar el complejo procedimiento de reforma agravada, reservado a materias de especial protección, por lo que se necesitaría una mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado. De ser aprobada, habría que disolver las Cámaras y celebrar unas nuevas elecciones generales. Así, las nuevas Cámaras resultantes tendrían que ratificar la reforma por mayoría simple.

A los recursos de inconstitucionalidad a la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, aceptados a trámite por el Constitucional, se han unido en las últimas semanas una batería de medidas por parte de los tribunales y del Ejecutivo español para impedir la consulta. Entre ellas, destacan:

• 9 de septiembre: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acepta a tramite dos querellas contra todos los miembros del Govern, así como otros cargos del Parlamento catalán, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. 
• 12 de septiembre: La Fiscalía de Cataluña ordena a las fuerzas de seguridad que "requisen urnas", además de cualquier material destinado a la consulta, para evitar la "consumación del delito".
• 13 de septiembre: La Fiscalía General del Estado ordena tomar declaración como investigados a los más de 700 alcaldes catalanes que apoyaron la celebración del referéndum.
• 20 de septiembre: Un juez de Barcelona ordena a la Guardia Civil la detención de 14 personas, la mayoría altos cargos de la Generalitat, por la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos (actualmente están en libertad con cargos). Además, se realizaron 41 registros en diferentes organismos, empresas y domicilios privados para recopilar indicios y pruebas.
• 20 de septiembre: El Ministerio de Hacienda asume el control total de las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar el desvío de fondos a la organización del referéndum. 
• 21 de septiembre: El Tribunal Constitucional acuerda multas de hasta 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral (Junta electoral) y dos altos cargos de la Generalitat de Cataluña por desobediencia a las resoluciones de este órgano. 
• 23 de septiembre: Los Mossos d’Esquadra (la Policía regional catalana) pasan a depender directamente del Ministerio de Interior.
• 26 de septiembre: La Fiscalía Superior de Cataluña ordena a los Mossos que precinten los colegios electorales antes del sábado para evitar la celebración de la consulta.

Además, el Gobierno de Rajoy no descarta aplicar por primera vez en el Estado español el artículo 155 de la Constitución, algo que, según el presidente de la Generalitat, ya ha hecho de facto a través de las medidas expuestas anteriormente.

El citado artículo contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para obligar a una comunidad autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus deberes. Además, establece que puede activarse en caso de que una región no cumpla "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o que actúe "de forma que atente gravemente al interés general de España".

Esta es otra de las grandes incógnitas del domingo. Aunque las medidas judiciales del Estado español contra el referéndum es muy posible que impidan su celebración, al menos con todas las garantías necesarias, las autoridades catalanas han desoído las órdenes de los tribunales y siguen adelante con la consulta, amparándose en su derecho a decidir.

Hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad han intervenido ya casi 10 millones de papeletas (la población de Cataluña es de poco más de 7,5 millones), entre otros materiales; ha cerrado decenas de páginas en las que se podía consultar información sobre la consulta; y los Mossos tienen orden de precintar los colegios electorales antes de la apertura de urnas. 

María Jesús Vigo Pastur