La vecindad incómoda: ¿Cuál es la dimensión real de la "crisis migratoria" venezolana?
Son miles o tal vez millones. Nadie lo sabe. O, mejor dicho, nadie dice cómo los cuenta ni desde cuándo. El rumor empezó con un millón, luego subió a tres y otros, sin demasiado rigor, dicen que son cuatro con seis ceros a la derecha. ¿13% de la población de un país se fue en dos años?
Se trata de Venezuela, un país con unos 30 millones de habitantes, situado al norte de Suramérica, con una azarosa fortuna: se estima que la mayor reserva del mundo fluye bajo su dermis tropical. Esa promesa atrajo a tantos desde mediados del siglo XX, que la nación se convirtió en el destino predilecto de emigrados europeos ansiosos por olvidar la debacle económica, de antillanos cazadores de fortunas, de sureños que padecieron dictaduras feroces y desplazados de la guerra más longeva del Continente.
Pero en los últimos dos años, la difícil situación de Venezuela hizo que una parte de sus habitantes decidieran emigrar y fue noticia: era la primera vez en décadas que el país dejaba de tener un saldo migratorio positivo (más inmigrantes que emigrantes). La caída sostenida de los precios del petróleo y, posteriormente, las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por EE.UU. y la Unión Europea (UE) han hecho mella en la economía nacional.
El Gobierno, hasta ahora, no ha podido revertir la situación. Hace menos de un mes, el Ejecutivo anunció un complejo plan que pone de cabeza el modelo productivo venezolano, pero curiosamente los medios dejaron de hablar de la coyuntura económica y, en cambio, dirigieron sus focos a la "crisis migratoria". Cumbres regionales, declaraciones conjuntas y guerra de números han hecho que la retórica hacia el país suramericano se limite a mostrar con espectacularidad y aparente "excepcionalidad" el fenómeno, pero, a la luz de las estadísticas, ¿qué tan singular es el panorama?
En principio, el verbo
Isabel Pérez Alves es geógrafa egresada de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, reside en Colombia y hasta hace menos de dos meses vivió en Roraima, estado brasilero limítrofe con Venezuela. Por medio de redes sociales se enlistó en un programa de voluntariado con una organización de jesuitas y la seleccionaron para trabajar en Boa Vista.
"En Boa Vista, el trabajo era directamente con la migración venezolana. La plaza de voluntariado se abrió ahí porque iba a empezar a funcionar el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados (SJMR-Brasil) con atención al público en febrero de 2018", cuenta Isabel, quien reside actualmente en Medellín, Colombia. En ese lugar también compartían presencia la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras instituciones como Cáritas, el Instituto de Derechos Humanos de los migrantes (IMDH) y el Centro de Migrantes y Derechos Humanos (CMDH), entre otras organizaciones.
La geógrafa, quien convivió casi seis meses en la zona con parte de la migración venezolana que cruzaba hacia Brasil, hace una salvedad sobre el tema: "No me gusta llamarlo crisis". En cambio, prefiere el término "contingencia". La aclaratoria no es gratuita. El investigador y doctor en filosofía Juan Carlos Velasco, en su libro 'El azar de las fronteras', expone que las palabras que se emplean para hablar de cuestiones migratorias tienen un peso específico que "iluminan determinados aspectos de la realidad, realzándolos, y dejando otros, por el contrario, a la sombra".
En los medios, la realidad venezolana no tiene claroscuros: es una crisis, un éxodo, una ola masiva. A esa caracterización han contribuido políticos de oposición como Julio Borges, quien en su gira internacional para buscar más sanciones al país, llegó a calificar la migración de sus connacionales como una "enfermedad contagiosa". Como apunta Velasco, esas metáforas "devienen entonces en instrumentos de dominación simbólica" que naturalizan una visión de mundo por encima de sus bemoles. Así, en apenas dos años, la migración venezolana dejó de ser una 'diáspora' bien vista para convertirse en un 'problema regional' que amenaza la seguridad de la región. ¿Cómo ocurrió ese cambio?
De los deseados a los incómodos
Una rápida revisión a las cifras históricas de la migración en Venezuela deja una conclusión evidente: el país siempre se caracterizó por ser un receptor de inmigrantes. El porcentaje de quienes llegaban era superior a quienes se iban y, por lo general, la tasa de emigrados tenía características que estaban por encima del promedio.
En uno de los Cuadernos Migratorios elaborado por la OIM, en agosto de 2016, se destaca que la diáspora venezolana se caracteriza por ser altamente calificada. De hecho, un informe de la OCDE revela que para 2006, en EE.UU. los venezolanos poseían la tasa más alta de educación terciaria (48%) con respecto al resto de los latinoamericanos, seguidos de lejos por Argentina, con 36%.
"En Estados Unidos, los profesionales que provienen de Venezuela, Argentina y Uruguay se desempeñan en mayor medida en ocupaciones directivas, gerenciales y profesionales respecto a otras poblaciones migrantes latinoamericanas", añade el informe, en el que se detalla que son ocupados en plazas "que requieren mayor intensidad del manejo de destrezas analíticas y cognitivas, como las ingenierías, matemática, economía, finanzas, entre otras".
Eso ha significado un problema histórico para Venezuela, que invierte en la formación de sus profesionales con educación pública gratuita y programas de incentivo de becas en el exterior, pero la mayoría de ellos no regresa. En términos de volumen, EE.UU. y España son las naciones más beneficiadas con la presencia de venezolanos altamente calificados, cuestión que se incrementó exponencialmente en las últimas dos décadas gracias a la bonanza económica que experimentó el país, que democratizó el acceso a la universidad, los viajes al exterior con dólar subsidiado y permitió altos niveles de vida con respecto al resto de la región, debido a la inversión de los recursos petroleros en bienestar social.
En 2012, un año antes del fallecimiento de Chávez, Venezuela fue el quinto país "más feliz del mundo", según la encuesta Gallup, por registrar "65% de bienestar y prosperidad". Sin embargo, tras el deceso del líder bolivariano, se convocaron elecciones que fueron ganadas por Nicolás Maduro con un estrecho margen, lo que abrió una escalada de violencia impulsada por la oposición. La turbulencia arreció un año más tarde, debido a la presión de grupos de derecha, que impulsaron mayores presiones contra el Gobierno con el apoyo de EE.UU. ¿El resultado? En marzo de 2015, el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, impuso un decreto que calificaba al país como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de Washington.
Con ese precedente, más tarde llegarían las sanciones. Primero, a funcionarios del Gobierno por supuestas "violaciones a los Derechos Humanos", después, se inició un cerco de orden económico para bloquear operaciones clave de Venezuela: compra de alimentos, medicinas, negociaciones de deuda. Y, finalmente, con Donald Trump en la presidencia estadounidense, el jaque fue a la empresa petrolera. En paralelo, políticos de oposición hicieron lobby en organismos internacionales para aislar al país y pedir más medidas coercitivas para estrangular las cuentas públicas hasta que se produjera un "desenlace". En otras palabras, un cambio de Gobierno.
En esa pugna, los venezolanos padecieron las consecuencias de la escasez de medicinas, de alimentos, de bienes de consumo básicos y el deterioro vertiginoso de la calidad de vida que había en el país en la era Chávez. La situación, aunada a la turbulencia política que propició la oposición con protestas violentas de calle, motivó a muchos a salir del país. Los de mayores recursos viajaron, como siempre, en avión. Sus salidas eran documentadas en el Aeropuerto de Maiquetía, como una postal de desesperanza que se exhibía permanentemente en medios internacionales como la diáspora y el exilio. Luego, ante la difícil situación, los más pobres pensaron que podrían repetir la hazaña y también decidieron salir: para ellos no hubo boletos en clase turista, sino autobuses y largas peregrinaciones a pie por las fronteras terrestres de la región. Allí se convirtieron en la epidemia, en la tragedia, en ola masiva.
Los caminantes
Muchos de esos caminantes fueron recibidos por Isabel en Boa Vista. En el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados (SJMR-Brasil), ella se incorporó en las dos áreas disponibles: "Una deprotección, en el que ayudábamos con los documentos y acceso a la justicia, en coordinación con la policía federal, y otra de trabajo, que se encargaba de hacerles una hoja de vida en portugués y, en lo posible, tratar de encontrarles empleo en Roraima u otras partes de Brasil para mandar a las familias con algún modo de sustento asegurado".
Pérez Alves firma que desde 2017 ha aumentado el flujo de venezolanos que entra por la frontera de Santa Elena de Uairén (al sur del estado Bolívar) a Brasil, "en un cierto momento era de ida y vuelta, luego empezaron a quedarse y ya después bajaban a Boa Vista y Manaos".
Según sus cálculos empíricos, 99% de los atendidos eran venezolanos, buena parte de ellos indígenas waraos. El resto, colombianos, haitanos, guyaneses, cubanos "y uno que otro de Oriente Medio", relata. "Yo no te puedo decir con certeza las condiciones socioeconómicas, pero se veía que era una población de clase baja, muy baja. Algunos media baja".
La respuesta más frecuente que daban los que habían llegado allí era la misma: que no tenían condiciones económicas para vivir en Venezuela. La mayoría podrían considerarse migrantes económicos, pero en esas instancias empezaron a reconocerlos con la categoría de "refugiados", a pesar de el artículo 1A de la Convención de Naciones Unidas establece que ese estatus se otorga únicamente a las personas que salen de su país por temor fundamentado de persecución "por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas" y no pueden ni quieren regresar a causa de esos mismos temores.
En marzo de este año, el representante de Acnur en Venezuela, Roberto Meier, se vio obligado a aclarar que quien elija trasladarse a otro país porque desea mejorar sus condiciones de vida, por reunificación familiar u otras razones, debe ser caracterizado como migrante y no como refugiado. Sin embargo, según cuenta Pérez Alves, a los venezolanos que llegan a los campamentos en Brasil "se les reconoce como refugiados" y así queda asentado en las estadísticas. Las ciudades de origen de esas personas son variadas, pero por lo general provienen del oriente del país, especialmente del estado Monagas, de ciudades "que no hacen frontera con Colombia".
Los peligros del cruce
Sin embargo, los que cruzan a pie no tienen idea de lo que les espera al otro lado de la frontera. El mayor reto, cuando llegan a Pacaraima, es seguir hasta Boa Vista. Buena parte de ellos continúa la marcha a pie, otros consiguen cola y unos pocos llevan lo suficiente para un taxi colectivo que los lleve. Pero la capital de Roraima es una ciudad pequeña y ahí la mayor dificultad es encontrar trabajo. La opción más recomendable es mantener el paso hasta Manaos, que está a unos mil kilómetros; el pasaje en en autobús es caro, vale unos 155 reales (poco más de 37 dólares).
Isabel explica: "Ir a otros sitios de Brasil, que no sea Manaos, solo se puede hacer en avión pero siempre es caro, y estando allí, la única forma de trasladarse a una gran ciudad como Belén es por barco porque no hay carreteras. Boa Vista es una ciudad muy aislada incluso del resto del país, también está muy desabastecida y no ofrece las oportunidades que puede haber en otros lugares. La mayoría de los que viajan hasta allá no tienen noción de esas distancias y allí comienzan las dificultades porque deben establecerse, allí el hospedaje es costoso y conseguir abrigo se convierte en un desafío grande".
Aunque considera que la acogida en Brasil es buena y que mucha gente sigue solidaria con los inmigrantes, Pérez admite que en los últimos meses hubo un aumento exponencial de la xenofobia y la discriminación por parte de los habitantes de la zona: "Empezaron a ver la llegada de los venezolanos como algo malo, específicamente en el estado de Roraima. Hay un rechazo de la gente que habla español, ya identifican a las personas por cómo van vestidas o cómo andan, si en bicicleta o a pie".
A mediados de agosto, un grupo de 1.200 inmigrantes venezolanos fue expulsado de Pacaraima por los habitantes de esa localidad. Carpas quemadas, enseres calcinados y violentas manifestaciones contra la presencia de extranjeros en la pequeña ciudad fronteriza empujaron a muchos a devolverse a Venezuela con sus pocas pertenencias rescatadas a cuestas.
El motivo de la agresión, según medios locales, es que supuestamente un grupo de venezolanos había intentado agredir a un comerciante local. Episodios similares se repiten en otro países de la región como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, donde la prensa solo reseña a las mujeres venezolanas que caen en víctimas del negocio de la prostitución, hombres con antecedentes criminales o las precarias condiciones económicas de los que emigran. Así, la imagen del que sale de Venezuela se encierra en el hermético círculo de candidatos a la exclusión.
Pérez asegura que situaciones como la acaecida en Pacaraima ya habían ocurrido antes, no solo contra los migrantes sino con las organizaciones que trabajan con ellos. "Antes de irme de allí, recibimos ataques y una visita amenazadores de la gente que no estaba de acuerdo con que ayudáramos a los venezolanos". De igual forma, critica que el gobierno de Brasil haya decidido poner en manos del Ejército el protocolo de acogida, junto a Acnur. "No es buena idea porque a veces ocurren malos tratos por parte de los militares, no hay un respeto por la cultura y la comida que les dan no es la más adecuada. La sociedad civil, en todo caso, es la que está peleando para que eso no ocurra. En lo que respecta al Ministerio Público, considero que lo están haciendo bien, pero la parte que se encarga de migración está sobrecargada, no dan abasto".
Por la trocha
En Caracas, la fila para pedir pasaportes empieza desde muy temprano. La sede principal del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) queda en el centro de la ciudad, al lado del Teatro Municipal, y los interesados en adquirir sus documentos de identidad van con la expectativa de pasar, por lo menos, todo el día.
"Mira, la gente viene a esta hora (son las 10:00 de la mañana), marca la cola y busca sus cosas para pasar la noche", dice una señora sentada en un banquillo plegable de plástico que trajo de su casa. En los alrededores pululan los vendedores de cigarrillos, conservas y alquiler de teléfonos. Muchos vienen del interior del país y tienen meses esperando la emisión de su pasaporte, esta vez tienen la esperanza de que lo recibirán. "Es que yo no tengo dólares para pagar peaje (coima)", aduce uno.
Hace un par de meses, hubo cambio de directiva en la institución y se ha agilizado la entrega de los documentos. Para muchos, la opción es pedir una prórroga de su pasaporte que sale ahora en quince días. El Saime ha diseñado horarios especiales los fines de semana para entregar los documentos que se mantuvieron meses rezagados, en parte por la acción de funcionarios corruptos. "Hemos encarcelado a más de 500", comenta una fuente cercana a la institución.
Sin embargo, algunos que están allí afuera no tienen mucha paciencia. "Mira, si a mí no me dan nada me voy por la trocha, me voy como sea", dice otra de las mujeres que hizo cola desde las 3:00 de la mañana. La 'trocha' son los caminos verdes para llegar a Colombia, los que abundan en los porosos estados fronterizos.
La hermandad en conflicto
Según el más reciente informe de Migración Colombia, hay 935.593 venezolanos en ese país: 468.428 en situación regular, 361.399 en proceso de regularización y 105.766 irregulares. Un reporte de esa misma autoridad reveló que a finales del año pasado cerca del 40% de las personas que ingresan por la frontera colombiana "son portadores de la doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos".
Es decir, del total de inmigrantes que cruzan hacia Colombia desde Venezuela, 70% tiene derecho a transitar porque posee la nacionalidad colombiana. Juan Carlos Tanus, colombiano y activista de Derechos Humanos, asegura que el interés de Bogotá por darle mayor visibilidad al asunto migratorio de su vecino que a su propia crisis interna, es por razones de índole económica: "Hay mucho temor de que las medidas anunciadas hace poco por el presidente Nicolás Maduro sean efectivas, eso dejaría al Norte de Santander sin 12.000 millones de dólares anuales que provienen del contrabando de gasolina venezolana. Por eso están buscando otra fuente de financiamiento, y la situación venezolana da para eso".
Desde principios de este año el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inició un pedido de ayuda a organismos internacionales para atender la coyuntura migratoria, a la que tildó de "crisis humanitaria". EE.UU. y la Unión Europea (UE) fueron los primeros en hacer desembolsos. El Gobierno sucesor de Iván Duque va por la misma senda. Esta semana, en la Declaración de Quito quedó asentado el interés de Bogotá de obtener más financiamiento "dada su condición limítrofe" con Venezuela.
"El Gobierno colombiano está empeñado en 'hacer algo' por los migrantes venezolanos cuando jamás se ha preocupado por atender a su propio pueblo", apunta Tanus, quien sustenta su apreciación en el aumento sistemático del número de desplazados internos en su país de origen, que pasó en el último año de 7,7 a 7,9 millones de personas sin que nadie hubiese declarado una "crisis humanitaria". De hecho, a pesar de la delicada situación de Venezuela, es el primer destino de Latinoamérica que eligen los refugiados colombianos que huyen de la persecución.
De acuerdo a las cifras de Acnur, la cantidad de colombianos en condición de refugio en Venezuela se ha mantenido estable desde 2005 en un rango entre 100.000 y menos de 500.000. A mediados del año pasado, la oficial de Información Pública de la oficina para Refugiados de la ONU, Madeleine Labbiento Noda, admitió que 99% de los desplazados que residen en territorio venezolano son colombianos: "Es importante aclarar que un refugiado no es igual a un migrante, porque un migrante ingresa por sus propios medios a un país pero un desplazado es obligado a movilizarse por la violencia", dijo en esa oportunidad a Telesur.
Omisiones deliberadas
¿Cuántos son? A mediados del mes pasado, un portavoz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que estimaban que unos 2,3 millones de venezolanos habían emigrado, pero sin ofrecer mayores detalles de cómo habían dado con la cifra o desde cuándo iniciaron el conteo.
Un dato curioso proviene del informe final de la reunión latinoamericana de expertos en migración internacional, elaborado en agosto de 2017 entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la ONU y la OIM: los únicos países que aparecen con saldo migratorio positivo en Suramérica son Suriname, con 7,5% de la población total; Argentina, con 4,4%; y Venezuela, con 4,2%. En la cabeza de la lista con mayor porcentaje de población local en el extranjero se ubica Colombia, con casi dos millones de personas.
El único país de Latinoamérica que supera a Colombia es México, con una población de emigrados que ronda los 12 millones. La mayoría de los mexicanos cruza sin documentos en una de las fronteras más peligrosas del mundo en busca de mejores condiciones de vida. Ambos países comparten la característica de ser grandes productores de droga y sus pobladores, víctimas recurrentes de la violencia de los carteles, sin embargo, ningún organismo internacional ha intentado sancionar a sus respectivos gobiernos.
Por eso, esta semana la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el representante de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), Jorge Baca, para pedir una colaboración técnica que permita preservar los Derechos Humanos de sus migrantes en el extranjero y denunciar "cualquier tipo de instrumentalización sesgada y política" sobre la movilidad voluntaria de los venezolanos, en clara alusión a la reunión técnica realizada por el Grupo de Lima sin la presencia de Caracas.
"En esa reunión se decidieron aspectos que nada tienen que ver con la realidad de los flujos migratorios voluntarios de venezolanos", apuntó la vicepresidenta, quien notificó el envío de una nota de protesta para rechazar la cumbre. A juicio de Caracas, ese tipo de encuentros solo promueven "campañas de xenofobia que atentan contra la dignidad de los venezolanos".
Rodríguez detalló que grupos de venezolanos de escasos recursos han acudido a censarse en las embajadas de los países de la región para pedir la repatriación. El presidente Maduro ha abierto un puente aéreo para facilitar el retorno gratuito de los connacionales y, hasta ahora, dos vuelos provenientes de Perú y Ecuador, con casi cien personas cada uno, han aterrizado en Caracas. El porcentaje de regresos es ínfimo si se compara con las salidas, pero para el Gobierno ha sido la oportunidad de mostrar la cara silenciada de la migración en los países de acogida: trata de personas, explotación laboral, precarias condiciones de vida, discriminación, exclusión social y falta de oportunidades.
La geógrafa Isabel Pérez Alves también señala esos bemoles. Después de su voluntariado en la frontera, la investigadora cuenta con pesar que pudo constatar "la fragilidad de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y la facilidad con que se incumplen, y se dan disculpas muy pendejas para incumplirlos o para no llevarlos a cabo. Mucho más pendejas que la dificultad de las personas que cruzan a otro país".
Contra todo desafío
A poco más de dos meses de haber regresado a Colombia, Isabel admite que después de la experiencia en Brasil salió muy mal. "Pero tiene que ver más con la forma en que se organizó el voluntariado, el desgaste de los últimos meses y la soledad en la que estaba. No sé, la falta de solidaridad entre nosotros mismos, que trabajábamos con la migración. También me agoté de no tener las respuestas, de sentir que se estaba patinando siempre", dice.
En su casa, en Medellín, la geógrafa prepara un informe sobre toda su estadía y ordena los datos que pudo recoger en el trabajo de campo. Le cuesta evaluar lo que vivió y considera que aún es pronto para hablar de aprendizajes. Pero luego hace un silencio largo, y después enumera: "Rescato la oportunidad de haber estado en medio de una contingencia que no había visto, de conocer Venezuela y estar en la Gran Sabana, y aprender también a matizar las cuestiones políticas. Ver que la migración desafía todo, desarrollar aún más la solidaridad con la gente migrante y aprender de los niños y su capacidad de ser siempre los más rebeldes, los que más protestan, también darme cuenta de que aunque haya mucha teoría sobre el asunto no hay una solución clara, no hay una cosa lista y solo los que nos atrevemos a estar allí en la frontera es que vemos lo complejo, lo urgente y lo apremiante que es una migración con esas características".
En Caracas, las filas interminables en la oficina de extranjería continúan. Los cruces en Brasil, después del incidente violento en Pacaraima, han disminuido un poco, y en Colombia persisten las entradas y salidas de venezolanos en el Puente Simón Bolívar. La economía da pasos tímidos que aún están lejos de la recuperación, pero el sueño de la migración con final feliz empieza a tener sus matices. "Es que la vaina allá también es arrecha", concluye Rubén, un taxista nocturno que tiene un hijo en Perú, aunque no ha considerado la opción de agarrar sus peroles e irse. En la televisión nacional, los rostros del regreso empiezan a ocupar el horario estelar, mientras el debate entre el chavismo y sus detractores arde en redes sociales. Afuera, el país sigue su curso sin final cantado y sus habitantes, como Ulises tropicales, se preguntan si ya llegaron a Ítaca o deben salir a buscarla.
Nazareth Balbás