Con la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos a territorio mexicano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió un giro en la política migratoria del país, basada en el desarrollo de Centroamérica y en el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, pese a algunos cambios importantes en esa política, la actuación de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ponen en entredicho la nueva postura del Gobierno mexicano respecto a los migrantes centroamericanos.
En las últimas semanas, activistas y defensores de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y deportaciones de algunos miembros activosde la caravana migrante que alzaron la voz para denunciar malos tratos en los albergues. Según su testimonio, el objetivo sería afectar la organización del grupo en su intento por llegar a EE.UU.
El pasado 1 de diciembre, día en que López Obrador asumió la presidencia, el mandatario mexicano firmó su primer acuerdo y lo hizo sobre el tema migratorio. Aprovechando la presencia de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, López Obrador anunció el Plan de Desarrollo Integral para impulsar "el desarrollo y las oportunidades de la región".
#Comunicado En el marco de la Toma de Protesta del #PresidenteDeMéxico@lopezobrador_, mandatarios de Guatemala, Honduras, México y El Salvador, acuerdan nuevo Plan de Desarrollo Integral para atender fenómeno migratorio. 📄 https://t.co/Wjv2RPkvkZpic.twitter.com/OpijPLE9AM
— SRE México (@SRE_mx) 1 de diciembre de 2018
El 18 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) anunció que EE.UU. participaría en el Plan de Desarrollo Integral que constaría de 35.600 millones de dólares para promover el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, con el objetivo de frenar la migración.
El Gobierno mexicano se comprometió a facilitar la "migración segura, ordenada y regular" desde una perspectiva regional integral y, como parte de estos esfuerzos, ha entregado más de 12.000 tarjetas de visitante por razones humanitarias con vigencia de un año, con la que los migrantes pueden acceder a empleo, educación y servicios de salud básica dentro del territorio nacional.
Sin embargo, el nuevo paradigma migratorio respecto a Administraciones anteriores ha sido puesto en duda por los propios migrantes y por las organizaciones de derechos humanos que los acompañan en su intento de llegar a EE.UU.
"Presumimos nosotros que a la gente que pone la cara y ayuda a sus compañeros a que sus derechos no se violen, es la que está siendo reprimida", dice en entrevista el activista de derechos humanos Cristobal Sánchez, un día antes de ser detenido arbitrariamente y posteriormente liberado cuando se encontraba a las afueras del albergue en Ciudad de México.
En las últimas semanas, se hicieron públicas algunas detenciones arbitrarias y deportaciones de presuntos líderes de la caravana migrante, como el caso del hondureño Walter Coello, quien el 1 de febrero había ido a bañarse al río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, cuando fue aprehendido por policías sin identificar.
"Me agredieron, me golpearon y me metieron a la 'perrera' (como se le conoce a las camionetas del Instituto Nacional de Migración que no llevan logotipos)", recuerda Coello, quien asegura que pidió ver la presunta orden de captura que presumían tener las autoridades mexicanas, pero fue en vano.
Un par de horas antes, Coello dice que había coordinado la entrega de comida a migrantes centroamericanos que intentaban ingresar a territorio mexicano a través del puente Rodolfo Robles (entre el estado de Chiapas, México y Ciudad Tecún Umán, Guatemala), cuando las autoridades le reclamaron que no podían estar "dando comida a la gente".
Imagenes al interior del puerto fronterizo en Ciudad Hidalgo, #Chiapas, donde miles de personas migrantes se encuentran hacinadas. Fotos: @RubenFigueroaDH@CNDH@INAMI_mx@CIDH@ACNURamericas@UNICEFMexicopic.twitter.com/wJBDMrlzJG
— Movimiento Migrante Mesoamericano (@MMMesoamericano) 1 de febrero de 2019
Coello pasó varios días en la Estación Migratoria Siglo XXI, pese a que tenía una de las tarjetas de visitante por razones humanitarias expedidas por el Gobierno mexicano.
El miércoles 6 de febrero, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó a Walter en la estación migratoria en donde se encontraba para revisar su caso. Sin embargo, un día después, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y agentes de la Policía Federal llegaron a la estación migratoria en donde se encontraba y le ordenaron que no opusiera resistencia.
Acompañado por dos agentes de migración que no se identificaron, Coello fue llevado al aeropuerto de Tapachula, Chiapas, para tomar un vuelo rumbo a Ciudad de México y luego fue subido, escoltado por los agentes, a un vuelo comercial de Aeroméxico que lo deportó a San Pedro Sula, en donde presuntamente había una orden de captura en su contra emitida por la Dirección Policial de Investigación de Honduras (DPI).
Al llegar a las oficinas de la DPI en el aeropuerto de San Pedro Sula, las autoridades revisaron los antecedentes penales de Coello y le notificaron que no había ninguna orden de captura en su contra.
La organización Amnistía Internacional identificó en una encuesta a 385 migrantes y solicitantes de asilo que 69% de las personas que fueron aprehendidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) señalaban que el agente sobre el terreno "jamás les preguntó las razones por las que habían abandonado su país", pese a que una de las cuestiones preliminares que deben formularse a las personas migrantes en situación irregular.
Además, el 75% de las respuestas de personas que habían pasado por centros de detención señalaron que no fueron informadas de su derecho a solicitar asilo en México, refiere la organización en su estudio "Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México".
El caso de Walter Coello también fue extraño porque no siguió el procedimiento normal para las deportaciones, que consiste en llevar a las personas por vía terrestre a la frontera sur de México, junto con otros migrantes. Sin embargo, su caso no es el único.
El jueves 14 de febrero, a las afueras del albergue del estadio Jesús Martínez 'Palillo', el lugar en donde aguardan los integrantes de la caravana en su paso por Ciudad de México, el migrante con nacionalidad hondureña y guatemalteca, Paulo Ballesteros, fue detenido por sujetos vestidos de civil y subido a una camioneta blanca sin logotipos institucionales.
"Paulo, soy la autoridad, estás detenido", recuerda que le dijo uno de los sujetos, mientras intentaba entender por qué lo subían a una camioneta.
#ALERTA: Presuntos agentes del @INAMI_mx vestidos de civil, levantan en la #CDMX a migrantes que son catalogados como "lideres o coordinadores" de la #CaravanaMigrante, como una forma represiva de desarticulizarlos@CNDH@ONUDHmexico@lopezobrador_@amnesty@M_OlgaSCordero@CIDHpic.twitter.com/sL9UaaPuf3
— Movimiento Migrante Mesoamericano (@MMMesoamericano) 14 de febrero de 2019
En entrevista con RT, Ballesteros cuenta que en el camino fue golpeado y que lo cuestionaron sobre la organización a la que pertenecía, hasta que elementos de la Policía Federal detuvieron la camioneta, creyendo que se trataba de un secuestro.
"A la hora ellos hicieron una llamada, se identificaron y la policía dice que no pueden hacer nada, porque son autoridad y tienen potestad para hacerlo", recuerda.
En el camino a una estación migratoria, Ballesteros fue informado que sería deportado "por alterar el orden dentro del albergue".
Una vez en la estación de Ciudad de México, cuya ubicación no supo identificar, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ordenó que se le hiciera una radiografía para determinar los golpes. De acuerdo con su relato, "tenía inflamado el tórax" y "golpes en la mano".
La CNDH respondió en una tarjeta informativa que el agravado presentó una queja "en virtud de su detención y de la forma en que fue tratado", aunque de acuerdo con su respuesta, "un Médico de este Organismo Nacional certificó al agraviado, percatándose que no presentaba lesiones visibles".
El organismo informó que se encuentra recabando la información respectiva para la integración del expediente correspondiente.
Ballesteros cuenta que en el tiempo que estuvo en la estación migratoria le permitieron hablar por teléfono, aunque tuvo mala suerte y "no cayó ninguna". A la hora del almuerzo, dijo que escuchó una voz con una advertencia: "Ballesteros, saque sus pertenencias que ya se va".
Cuando creía que sería llevado a Tapachula, fue llevado al aeropuerto de Ciudad de México, en donde fue custodiado por dos agentes del INM y deportado a Guatemala en un vuelo comercial de Aeroméxico.
"Le pidieron a la policía de Guatemala que me revisara porque supuestamente tenía una orden de captura en Guatemala, pero me dejaron ir porque no había ninguna", cuenta vía telefónica.
El INM informó que se encontraba revisando el procedimiento y la participación de los agentes que detuvieron a Ballesteros.
José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, una organización que trabaja con personas en conflicto con la ley penal, explica que las autoridades tendrían que revisar el estatus migratorio de las personas que detienen, aunque es algo que no sucede a menudo.
Por su parte, Ximena Suárez, abogada de Defensoría de Sin Fronteras IAP, considera que estas prácticas en donde los migrantes se enfrentan a "arbitrariedad y violaciones a derechos humanos" por parte de las autoridades suceden "de manera regular y sin razonar".
"Sobre todo no se tienen en consideración el impacto que tiene la detención en las personas, en su desarrollo, afectaciones psicológicas y sociales (...) Es un impacto muy profundo, ese periodo que las personas pasan privadas de su libertad es algo que tampoco se les puede reponer", agrega.
En los casos de Walter y Paulo, lo que vincula estas detenciones y deportaciones ilegales es "haber tenido un alto perfil en el liderazgo en las caravanas", explica Amelia Frank-Vitale, candidata doctoral en antropología en la Universidad de Michigan.
En año y medio que Frank-Vitale ha estudiado las afectaciones en la vida de los migrantes deportados a Honduras, ha identificado que para muchos de ellos, las condiciones que impulsaron que salieron de sus países no han cambiado: "Muchos tarde o temprano vuelven a irse".
Paulo Ballesteros no ve su futuro en Honduras, y por eso tomó la decisión de regresar a México, en donde espera conseguir un trabajo como soldador.
Aunque admite que le gustaría poner una denuncia como lo hizo su compañero Walter, tiene miedo a ser deportado.
Tras el suplicio que vivió, Coello cuenta que buscó ayuda para regresar a México porque quiere saber qué es lo que realmente pasó y "llegar al fondo de esto".
José Beltrán
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