Gobierno de Colombia achaca las fallas en la implementación del acuerdo de paz a la Administración anterior

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó al Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) de no hacer lo suficiente para implementar correctamente el acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

En entrevista con la agencia Efe, Ramírez acusó a la Administración anterior de gastar más en "relaciones públicas para promover el acuerdo que en invertir recursos efectivos", que para implementar el acuerdo de paz en el país suramericano. 

"El Gobierno anterior ni dejó presupuestado lo necesario para la implementación, ni había tenido avances y logros suficientes en materia de implementación", dijo la vicepresidenta colombiana ante los cuestionamientos al actual Gobierno de Iván Duque. 

A principios de marzo, después de que Duque objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es el mecanismo de justicia transicional acordado para procesar a los actores del conflicto armado, la oposición criticó que su Gobierno ponía en riesgo la separación de poderes y que atentaba "contra la construcción de paz". 

El caso 'Santrich'

La vicepresidenta colombiana también aseguró este martes que el Gobierno de Duque irá "hasta las últimas consecuencias" en el caso del exguerrillero Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', que provocó fuertes disputas entre organismos judiciales. 

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El exguerrillero estuvo detenido desde el 9 de abril de 2018, en respuesta a una solicitud realizada por un juez de Nueva York (EE.UU.), quien ordenó su captura tras acusarlo de haber enviado a ese país norteamericano diez toneladas de droga valuadas en 15 millones de dólares en 2016, es decir, luego de haberse firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El 15 de mayo pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las  FARC para procesar a los actores del conflicto armado, consideró que las pruebas presentadas en su contra no eran suficientes, por lo cual solicitó su puesta en libertad y negó el pedido de extradición que había hecho EE.UU.

No obstante, el 17 de mayo, inmediatamente después de que fue liberado, la Fiscalía General de la Nación lo recapturó y regresó a las instalaciones de una cárcel bogotana.

Doce días después, la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de liberación de 'Santrich' y autorizó su toma de posesión en el Congreso, debido a que gozaba de fuero parlamentario. El parlamentario fue investido el pasado 11 de junio.  

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