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Un sistema "insostenible": las severas grietas del mecanismo de protección para periodistas en México

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Las fallas van desde escaso presupuesto, poco seguimiento, vigilancia inadecuada y pocas medidas preventivas para resguardar a los reporteros en situación de vulnerabilidad.
Un sistema "insostenible": las severas grietas del mecanismo de protección para periodistas en México

El 15 de mayo de 2017, el periodista Javier Valdez fue ejecutado de rodillas y con 12 disparos en las calles de Culiacán, en el estado de Sinaloa, al norte de México. Su asesinato fue una más de las alertas para Martín Durán, reportero de nota policíaca en el mismo estado, quien dos meses atrás atravesaba ya un crisis de temor y vulnerabilidad. Dejó de cubrir su fuente, centrada en el Cártel de Sinaloa.

La falta de tranquilidad llevó a Martín, quien dirigía el portal laparednoticias.com, a viajar a Ciudad de México, a más de 1.400 kilómetros de Culiacán, para pedir ayuda. Fue entonces cuando supo de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adoptado en 2012 por el Estado mexicano.

México es el país en paz más peligroso para los periodistas. Los cuatro últimos fueron asesinados en menos de un mes, entre el  30 de julio y el 24 de agosto, el día en que fue encontrado el cuerpo de Nevith Condés Jaramillo con varias heridas de arma punzocortante, cerca de su domicilio, en el municipio de Tejupilco, en el sur del Estado de México. 

"Yo no tenía pensado salirme de Culiacán, yo iba a seguir mi vida y mi trabajo allá. Matan a Javier y organizaciones civiles nos sugieren acogernos al mecanismo, nos hacen a mí y una compañera una evaluación y nos acogen. Al principio veníamos por unos meses y se ha vuelto por un tiempo indefinido", narra el periodista, que a la fecha lleva 2 años y dos meses acogido en el programa tras recibir varias amenazas.

"Amenazas de manera indirecta, pero sabemos que en ese mundo, las amenazas indirectas son muy directas, yo ya no me sentía tranquilo en Culiacán, la ciudad estaba muy asediada por grupos armados, y era una sensación que yo nunca antes había experimentado en 10 años que entonces llevaba como reportero", recuerda el beneficiario del Mecanismo de Protección a Periodistas, que recientemente recibió 104 observaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Una herramienta deficiente

Medidas paliativas, falta de personal y presupuesto, el poco de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas, así como un alto nivel de impunidad, son algunas de las observaciones a las que llegó la ONU, en un análisis solicitado por el propio Gobierno federal, tras entrevistar a 147 beneficiarios para conocer las debilidades y fortalezas del mecanismo.

Sobre los recursos públicos, el documento indica que para este año se prevé que el número de beneficiarios del mecanismo alcance 1.131 personas, para lo que se requiere un presupuesto de 325 millones de pesos (16.128.450 de dólares), pero para este año solo se aprobaron 207 millones (10.272.582 de dólares), es decir 64, % de lo requerido.

"Se ha criticado la eficiencia de los recursos, la transparencia, porque se creó un fideicomiso y la ley de acceso a la información pública convierte completamente inaccesible saber cómo se gasta el recurso. La Administración pasada, por ejemplo, alegaba que era información altamente confidencial y nosotros hemos criticado mucho la discrecionalidad sobre el uso de ese dinero público", explica Martín, quien fue uno de los entrevistados por la ONU.

Además de los recursos financieros, el diagnóstico de la ONU-DH pronosticó que para el año 2024 el mecanismo, como ahora opera, será "insostenible" también por el reducido personal con el que el trabaja. Desde 2014, cuenta con 36 trabajadores para atender a 976 beneficiarios, un aumento del 236% desde entonces, y "se prevé que esta insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación", apunta el documento. En 2024, ese número podría aumentar a 3.452.

Martín explica que varias de las medidas de protección que contempla el mecanismo son arrendadas y "no hay dinero que alcance". Habla de los pisos en que instalan a cada beneficiario. "Cuando te extraen de tu lugar de origen, lo principal es el refugio, que consiste en un departamento (piso), que reúne supuestamente ciertas condiciones de seguridad, algo que yo he puesto en duda: todos tienen a un guardia de seguridad que es parte del edificio, no es que te cuiden a ti. Además, a veces, en el mismo edificio tienen viviendo hasta a 10 periodistas y eso es inseguro, porque si uno tiene broncas, pues pone en riesgo a los demás", destaca el periodista.

Pero también se refiere a los autos y botones de pánico que se les otorgan solo a algunos de ellos, dependiendo del caso. "Gente que está en el mecanismo, pero en sus domicilios, tiene un botón de pánico conectado a una central de la empresa que provee el servicio, espoco efectivo, si tienes una emergencia y lo aprietas no te sirve para nada. Además es un servicio muy caro, arrendado, lo mismo con los coches, por eso no hay dinero que alcance".

Durante la presentación del informe, el pasado 26 de agosto, Aaron Mastache, director del mecanismo, anunció que a partir de octubre policías federales podrían resguardar a los periodistas y defensores de derechos humanos ante las  deficiencias detectadas en el servicio que presta la empresa de escoltas. Durán difiere. "Creo que no es adecuada su visión, porque algunos compañeros que tienen asignados escoltas son personal de la Marina o jubilados de ella, porque los privados que tiene el mecanismo, la mayoría no los quiere, no les tienen confianza y pide marinos que son contratados".

No es vinculante

El documento de la ONU remarca que el mecanismo no es considerado como una prioridad política para el gobierno federal o los ejecutivos estatales, lo que impide coordinar acciones en todas las instancias para proteger a las personas defensoras y periodistas. 

Además, apunta, el mecanismo no es preventivo y mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo.

"Yo sí he estado 'chingando' a las autoridades porque dentro de las fallas, la principal es que no es un mecanismo para prevención, es meramente reactivo y si pudiera existir una vinculación al menos en acuerdos bien establecidos con las autoridades investigadoras o definitivamente establecerlo en una ley", recalca el reportero. "La vinculación es algo que se puede solucionar –continúa- si hay voluntad política, porque no cuesta dinero, pero sí voluntad, pues en algunos casos la autoridad municipal o estatal es la agresora". De acuerdo con datos del propio mecanismo, en 55 % de los casos se identificó que los presuntos perpetradores son servidores públicos.

Malos diagnósticos

Otra falla del mecanismo son las evaluaciones, resalta el sinaloense, pues a partir de ellas se determina si alguien debe o no seguir acogido a él. "Las evaluaciones de riesgo actualmente no sirven para nada y es una queja recurrente. Cada 6 meses, cuando las hace la unidad de evaluaciones y seguimiento, el analista hace una evaluación con lo que tú lo dijiste y con fuentes como la Fiscalía y, a veces, la información es usada en tu contra", acusa.

Frente a este diagnóstico, dijo Jan Jarab, representante de ONU -DH en México, es necesario establecer una ruta con una visión amplia que permita dar seguimiento interinstitucional a la implementación de las acciones de fortalecimiento que deriven de las necesidades identificadas.

Los estados más preocupantes en materia de violencia contra periodistas son Ciudad de México, Tamaulipas y Guerrero, además de que en Quintana Roo han aumentado los casos de manera significativa en poco tiempo.

Además, solo en 14 de los 32 estados del país hay unidades de protección para periodistas y defensores. "En Sinaloa se creó una unidad, después de la muerte de Javier, que no opera para nada, no tiene estructura ni recursos", critica Martín.

Durante 2019, la Oficina de la ONU ha documentado al menos 11 asesinatos de periodistas y por lo menos de 13 de defensores de derechos humanos. Mientras que la organización Article19, dedicada a la defensa de comunicadores y reporteros, ha documentado 10 decesos.

"Yo sabía que iba a llegar un momento en que alguien iba a tocar a mi puerta", confiesa el periodista. Después de mirar hacia atrás, reconoce que las cosas pudieron haber tomado otro rumbo: "no medí las cosas hasta que ya estaba en lo último".

Paola Morales

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