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Asesinatos, bombas y más armas: lo que hay detrás del aumento de la violencia que alarma a Ecuador
Solo el martes pasado hubo una masacre, una alerta de explosivos y el robo de armas de las dependencias de la Policía Nacional. El miércoles hallaron a seis reos muertos en una prisión.
El martes 11 de abril hubo una masacre en Ecuador. Nueve personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en el Puerto Pesquero Artesanal de la ciudad de Esmeraldas, en la provincia homónima, ubicada al noroeste del país suramericano.
Según informó el ministro del Interior, Juan Zapata, 30 personas fuertemente armadas, tanto por mar y tierra, llegaron y atacaron a pescadores y pobladores que se encontraban en el lugar.
Al momento del hecho había entre 1.500 y 2.000 personas en el puerto, pero no hubo más víctimas ya que uniformados que realizaban patrullaje en el sector lograron repeler el ataque.
"Hemos levantado más de 200 indicios balísticos, 9 milímetros y 223 milímetros, esto quiere decir que utilizaron armas cortas y largas", indicó el ministro, que atribuyó este crimen a enfrentamientos entre bandas y luchas por el control del territorio.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se pronunció sobre este hecho: "¡Los vamos a capturar! Policías y militares están desplegados en toda Esmeraldas buscando a los responsables de este crimen. Mi solidaridad con las familias de las víctimas. Por ellas, no descansaremos hasta detenerlos", escribió en su cuenta en Twitter.
El mismo martes hubo una amenaza de bomba en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, a unos 450 kilómetros de Esmeraldas. La Policía informó del hallazgo de un sobre que contenía panfletos de una organización criminal y dos cargas explosivas, y que fue dejado a las afueras de un local comercial, ubicado en la intersección de las calles Medardo Ángel Silva y Lizardo García de la urbe. La situación fue controlada por los uniformados.
Según la Policía, citada por El Telégrafo, al parecer el objetivo era esparcir un mensaje amenazante en el sector, tomando en cuenta lo que estaba escrito en el panfleto.
También el mismo martes, pero en horas de la madrugada, 44 armas de fuego fueron robadas del rastrillo —lugar destinado al cuidado de estos objetos— de la Policía Nacional en el cantón Naranjito, en Guayas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Por este hecho un policía se encuentra detenido.
Calles y cárceles
Lo sucedido el martes se ha vuelto recurrente en Ecuador en los últimos meses. Asaltos, robos, secuestros, vacunas (cobro extorsivo de dinero a cambio de garantizar seguridad), homicidios, entre otros delitos son noticias a diario.
Pero los métodos han ido escalando en el nivel de violencia. Por ejemplo, el pasado 30 de marzo fue atado un artefacto explosivo a un guardia de seguridad que custodiaba una joyería en Guayaquil y le tomó más de dos horas a las fuerzas de seguridad liberarlo.
Posteriormente, el jueves 6 de abril, hubo una amenaza con un carro bomba en los alrededores de una gasolinera ubicada en la avenida Mariscal Sucre, frente a la terminal terrestre interprovincial de Quitumbe, al sur de Quito. La Policía informó que había desactivado 20 tacos explosivos de alto poder que se encontraban junto a un cilindro de gas al interior del vehículo.
Ya en noviembre del año pasado hubo una serie de atentados con explosivos en varias ciudades ecuatorianas, principalmente en gasolineras y en Unidades de Policía Comunitaria (UPC). En 2022 también se encontraron cadáveres decapitados en diferentes lugares del país.
La violencia, además, se evidencia en las cárceles, donde están detenidos muchos de los miembros de las bandas criminales que, en consecuencia, actúan dentro y fuera de los recintos penitenciarios. La semana pasada, fueron asesinados tres reos en la prisión de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, que albergaba a apenas una veintena de presos.
Según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), los hechos se produjeron por una balacera producto de enfrentamientos entre los integrantes de las bandas 'R7' y 'Los Lobos'.
El miércoles, por su parte, fueron hallados seis reos muertos en la Penitenciaría del Litoral, también en Guayaquil. Los cuerpos estaban colgados en sus celdas, en el pabellón 5 de la prisión, que estaría controlado por la banda Las Águilas.
Las cifras
Desde febrero de 2021, según cifras que han proporcionado el SNAI y la FGE, han sido asesinadas al menos 429 personas en distintas masacres perpetradas en las cárceles del país suramericano.
En cuanto a homicidios intencionales o muertes violentas en el país, el Ministerio del Interior no actualiza la cifra en su página web desde agosto de 2022.
El medio ecuatoriano Primicias, citando a las autoridades del país suramericano, señaló que entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2023 se contabilizaron en el país 1.356 muertes violentas, un incremento del 66,4 % respecto al mismo período de 2022, cuando se registraron 815.
Ya 2022 había sido el año más violento para el país suramericano, con 4.603 homicidios. Eso significó un promedio diario de 10,4 casos y una tasa de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El pasado lunes, Zapata manifestó que detrás de las muertas violentas en el país hay un enfrentamiento entre bandas por lucha de territorio, economías ilegales, microtráfico de drogas, entre otras razones.
No obstante, también reconoció que existen víctimas fatales colaterales, ya que los delincuentes "perdieron los códigos, la muerte ya no es selectiva y disparan a mansalva y hay algunos inocentes que han fallecido".
Porte de armas y otras medidas
El pasado 1 de abril, el presidente Lasso anunció nuevas "medidas urgentes" para hacer frente a la inseguridad que ha ido incrementándose en el país suramericano, flagelo que el Gobierno vincula al crimen organizado, particularmente al narcotráfico.
El mandatario declaró un nuevo "estado de excepción" —medida que ha usado desde 2021— por "grave conmoción interna" en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, así como en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón de Guayas, lo que quedó plasmado mediante el Decreto Ejecutivo 706.
El lunes, Zapata comentó que este estado de excepción tiene cuatro objetivos: reducir homicidios intencionales; desarticular las bandas dedicadas a la extorsión, geolocalizar la violencia criminal y capturar a los objetivos de alto y mediano valor.
El ministro hizo una comparación de los nueve días antes y después de la declaratoria de ese estado de excepción, y señaló que las muertes violentas se redujeron en las zonas intervenidas.
"En Santa Elena, de siete muertes violentas se redujeron a tres, es decir, hubo una disminución del 57 %; en Los Ríos pasaron de 28 fallecidos a seis, el decremento fue del 79 %, y en Guayaquil de 71 muertes pasaron a 58, aquí la reducción fue del 18,3 %", detalló.
También recalcó que desde que comenzó a regir el estado de excepción hasta el pasado lunes, fueron detenidas 444 personas, y se incautaron 79 armas de fuego y 41 armas blancas.
Además del estado de excepción, Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 707, mediante el cual se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional, lo que generó polémica en el país.
En rechazo a esa medida se pronunciaron varias casas de estudios superiores, como la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de las Artes, entre otras.
También la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe) se expresó en contra de lo decretado por el Ejecutivo. "Estas reiteradas y erráticas decisiones del Gobierno nacional solo confirman su incapacidad de generar política pública que permita resolver el origen real del conflicto, que es la inequidad, desigualdad y la falta de oportunidades", señaló la organización.
Incluso la semana pasada se llevó a cabo una reunión virtual entre representantes de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y académicos de Ecuador, en la que abordaron el tema del decreto sobre porte y tenencia de armas de fuego.
En ese encuentro, según una nota de prensa de esa oficina, el representante regional de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, compartió las preocupaciones planteadas por la academia sobre las consecuencias de la decisión del mandatario ecuatoriano.
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