El Congreso de Alabama aprueba una ley antiinmigrante, similar a la de Arizona
El Parlamento de Alabama aprueba una normativa muy parecida a la polémica ley antiinmigrante de Arizona. Lo que falta ahora para que los indocumentados se conviertan en criminales, es la firma del gobernador Robert Bentley. Sin embargo, el propio Bentley que ya expresó su apoyo a la iniciativa, comentó que la revisará una vez más este fin de semana.
El proyecto, denominado HB56, prevé unos cambios significativos en la posición de los indocumentados. Lo más importante es la criminalización de su estatus (por ahora, sin la firma del gobernador, todavía es una infracción civil, no penal).
Sin embargo, la ley incluye también muchos puntos más que, según las organizaciones de derechos humanos, son discriminatorios e inconstitucionales.
El documento discutido contempla que las escuelas públicas exijan pruebas de residencia legal y envíen la información del estatus migratorio de los estudiantes a la junta estatal. A su vez se prohíbe la educación universitaria a los alumnos indocumentados.
La Policía de Alabama recibirá el derecho de exigir los papeles que confirmen la legalidad de la estancia de las personas que han cometido delitos menores (como, por ejemplo, una infracción de tráfico) o parezcan sospechosos a los oficiales.
Todas las empresas donde trabajan más de 25 personas deberán participar en el programa 'E-Verify', que es elaborada para chequear el estatus de los inmigrantes. Las que, pese a la prohibición, contraten a indocumentados, podrán perder la licencia.
También se convierte en delito trasladar o albergar a los indocumentados, lo que afecta a miles de personas de estatus legal que tienen familiares sin papeles. A su vez no llevar consigo los documentos de identificación también será un delito estatal.
El grupo de derechos humanos la Unión de Libertades Civiles de EE. UU. (ACLU por sus siglas en inglés) ya declaró que presentará una demanda en contra de la ley si ésta entra en vigor. Sus representantes opinan, que la HB56 es aún más estricta que la SB1070 de Arizona, cuyos puntos más polémicos fueron frenados por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco.
"Es un indignante regreso a la era de antes de los derechos civiles, e instamos al gobernador Bentley a que vete este erróneo proyecto de ley", comentó Cecillia Wang, directora del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de ACLU. Con todo, en caso de que el gobernador firme el proyecto, Wang promete que su organización "defenderá los derechos y libertades civiles de todos los residentes de Alabama".