Comienza en San Petersburgo el juicio contra Madonna por promover la homosexualidad
El proceso contra Madonna fue instruido por la demanda civil de un grupo de nueve residentes de San Petersburgo que acusan a la Reina del Pop de “realizar propaganda homosexual entre adolescentes” durante su concierto en la ciudad del pasado agosto.
Los demandantes rusos exigen el pago de 333 millones de rublos (10.672.000 dólares) en concepto de “indemnización pecuniaria por daños morales”. Una de demandantes, Daria Dédova, explicó, que la suma de 333 millones de rublos fue elegida simplemente por "ser bonita”.
La ley local que prohíbe la “propaganda de la sodomía, el lesbianismo, el bisexualismo, la transexualidad y la pederastia entre los menores de edad” fue aprobada por el Parlamento de San Petersburgo el pasado marzo. El tribunal del distrito Moskovski de esta ciudad admitió a trámite la demanda contra Madonna a mediados del pasado septiembre.
Según los nueve demandantes, durante su concierto la cantante hizo declaraciones en apoyo de las minorías sexuales e insultó a los fieles de Rusia por el uso ambiguo de los símbolos cristianos. Esta acción desató la ira de los ortodoxos porque, según estos, en el escenario Manonna pisó una cruz y usó pulseras rosadas que simbolizaban el lesbianismo ante los adolescentes que asistieron al concierto.
Además de la cantante estadounidense, los demandantes también se han querellado contra la empresa organizadora del concierto de San Petersburgo, así como contra el estadio olímpico donde el pasado 9 de agosto se celebró el concierto de la polémica, una parada en Rusia de la gira mundial de la estrella con su nuevo disco ‘MDNA’.
Dos de los demandados —incluido el representante de Madonna— no se han presentado a la vista. Otros dos —los representantes de las compañías Muzykálnaya Industría y Peterburgskaya Muzykálnaya Industría-Media, organizadoras del evento— declararon que no son ellos contra quienes debe dirigirse la demanda. La vista fue aplazada hoy por el juez Vitali Barkovski hasta el 25 de octubre para que los demandantes puedan “valorar a los demandados del caso”, en palabras del magistrado.