Este viernes, en una sesión accidentada y atípica, el 'Parlament' aprobaba la Constitución de la república independiente de Cataluña. Poco después, en las escalinatas del edificio, los diputados independentistas lo celebraban con la euforia y la sensación de solemnidad que corresponde a los momentos históricos.
En esa imagen destacaban dos figuras: la de Carlos Puigdemont (aún presidente de la Generalitat, a punto de ser cesado) y su mano derecha en el 'procés', Oriol Junqueras. Era llamativa la diferencia en sus actitudes: mientras Puigdemont se hacía cargo del momento y exhibía una tímida sonrisa de satisfacción, Oriol Junqueras parecía hondamente preocupado, como si sintiera la inminencia de alguna catástrofe. La imagen, en cierta medida, condensaba poéticamente el momento en que se encuentra Cataluña: la frágil satisfacción de los independentistas viene acompañada, desde luego, por la consciencia profunda de una realidad difícil y llena de amenazas.
Durante los últimos meses, no han faltado análisis previos y preguntas abiertas sobre la sostenibilidad económica, social y política de una Cataluña independiente, y la mayoría de ellos auguraba un futuro poco esperanzador para el proyecto secesionista. Hoy, ese futuro lucha obstinadamente por abrirse paso en la realidad, pese a la oposición del Estado español… y a las graves carencias con que nace esta pretendida república independiente de Cataluña. Por ese motivo, es ahora oportuno un repaso analítico de esas carencias:
Este viernes, el presidente español, Mariano Rajoy, salía satisfecho del pleno del Senado en el que se aprobaban las medidas con las que su Ejecutivo ha intervenido la autonomía de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Interpelado en los pasillos por un grupo de periodistas, señaló que la declaración de independencia llevada a cabo horas antes en el Parlamento catalán "no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo". En efecto, la Fiscalía General del Estado presentará el lunes al Tribunal Supremo una querella contra Carles Puigdemont y el resto de los miembros del 'Govern', por el delito de rebelión, para el que el código penal establece penas de prisión de hasta 30 años.
Pero esta declaración unilateral de independencia no es el único punto en el que el 'procés'ha vulnerado la legalidad española. El propio referéndum a cuyos resultados se remiten los independentistas para justificar la secesión fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que anuló la Ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre en el Parlamento catalán.
Precisamente, esos plenos del 'Parlament' catalán de los días 6 y 7 de septiembre, en los que se llevó a cabo la votación y posterior aprobación de la mencionada Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica, pusieron en entredicho la legitimidad democrática de todo el proceso independentista. Fueron sesiones en las que se vulneraron varios derechos parlamentarios de los diputados de la oposición y en las que se aprobaron leyes que desafiaban prohibiciones expresas del Tribunal Constitucional de España.
Por si fuera poco, las condiciones en las que se llevó a cabo el referéndum tampoco ofrecen ninguna garantía democrática. Se partía de una situación de división social tan profunda que la mayoría de los que se oponían a la independencia de Cataluña no estaban dispuestos a participar, precisamente por considerar que el referéndum carecía de legitimidad, que no era vinculante, y que además era ilegal. Por otra parte, la presión policial afectó de forma determinante a la logística de las votaciones, y los instrumentos de control de la participación eran a todas luces insuficientes: se llegó a demostrar que fue posible que la misma persona votase varias veces.
En suma, a día de hoy, pocos tienen dudas acerca de que los exagerados resultados del referéndum –con un 90,2% de votos al 'sí'– no reflejan la voluntad real del conjunto de los catalanes y, por lo tanto, es evidente que la independencia de Cataluña no está impulsada por una mayoría social suficiente, lo cual pone de manifiesto la debilidad de su esqueleto democrático y también la próxima carencia que vamos a comentar, que es probablemente la más profunda de todas.
Es cierto que el independentismo es una fuerza política muy importante en Cataluña. Dos millones de personas en una población de algo más de siete millones son una proporción más que considerable, pero para lanzar con unas mínimas garantías de éxito un proyecto independentista que aspire a la creación de un Estado soberano hace falta una mayoría social amplia, con una capacidad de consenso suficiente para permitir una convivencia armoniosa.
Y ese no parece ser el caso de Cataluña, afectada actualmente por una fractura social honda y preocupante. Tal como comentaba para RT la periodista y politóloga Laura Fábregas, "una Cataluña independiente no sería gobernable ahora, porque la mayoría de la población está en contra de este proyecto, es decir: la opción abiertamente independentista no ganó en votos, y llevar a cabo un proceso de este tipo con tanta gente en contra no es fácil".
En la celebración posterior a la proclamación de la independencia, el diputado de Junts Pel Si Lluís Llach colgó una bandera de las Naciones Unidas en la balaustrada de la escalinata del Parlament, a pocos metros de donde Puigdemont y Junqueras darían luego su primer discurso en la recién proclamada república.
Penjant la bandera de l'ONU @Alfreddezayas al Parlament de Catalunya pic.twitter.com/PWMQc0y4iC
— Celras El 551 (@C31R45) 27 de octubre de 2017
Ciertamente, esa bandera pretendía tapar uno de los agujeros que podrían hundir el barco independentista casi antes del salir del puerto: la falta de apoyo internacional. Pero no pudo ocultar la nefasta verdad que atormenta a los fundadores de la nueva república: ninguno de los países a los que representa esa bandera se mostró favorable a la declaración de independencia.
Lo cierto es que ni la red de 'embajadas' catalanas desplegada en los últimos años por la Generalitat, ni los constantes guiños y reclamos a la Unión Europea, ni la construcción de un relato de tintes épicos y tono victimista de cara al exterior han sido suficientes para que el proyecto secesionista se granjeara la simpatía o el apoyo efectivo de la comunidad internacional. Muy al contrario, cada mandatario extranjero que se ha pronunciado últimamente al respecto lo ha hecho para apoyar expresamente al Gobierno de España o para pedir que cese la inestabilidad en la zona.
Se trata de una carencia grave. Tal como explica a RT el vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas en Madrid, Íñigo Cruz, el apoyo internacional "es hoy en día un elemento básico, porque el reconocimiento de un Estado independiente pasa por el reconocimiento del resto de Estados". Dicho de otra forma, "esto es como un club en el que si no te aceptan los socios no puedes pasar a ser parte del mismo: si los socios no te admiten, tu no tienes nada que hacer".
Por ello, Cruz considera que la recién proclamada república catalana tiene "poco recorrido, y con todos mis respetos, casi ninguno", y explica que en el extranjero "a nadie le interesa la causa catalana porque no parte de una situación clara de injusticia. Puede haber un problema político, que debería solucionarse con el diálogo, pero no se puede decir que haya una falta de derechos humanos o que haya una falta de democracia o de representatividad... Así lo han reconocido el Consejo de Europa, la Unión Europea y varios Estados miembros".
Casi cualquier economista preguntado al respecto ha alertado en los últimos meses de los serios problemas económicos que podrían desencadenarse en Cataluña en caso de una ruptura con España. Uno de ellos, José Moisés Martín, comentó recientemente a RT que la independencia "si se hace a las bravas", sería "una catástrofe" tanto para la economía de Cataluña como para la de España, y en particular señaló que "en caso de separación de las cajas de pensiones, Cataluña no podría pagar sus pensiones, por lo menos al principio, porque no tiene caja, no tiene pirámide suficiente. Ahora mismo se está sosteniendo prácticamente con los préstamos que recibe del Estado español".
Y lo cierto es que ese no sería el único ni el más importante de los problemas. Si tenemos en cuenta lo analizado hasta ahora, es fácil entender que un país fundado en una declaración de independencia ilegal, sin apoyos en el exterior y con una división interna que amenaza con ser una constante fuente de inestabilidad, no es precisamente un paraíso para los inversores ni para las empresas.
Por lo demás, el comercio exterior se vería igualmente afectado por las condiciones comentadas; y otros factores como el cese de la percepción de fondos estructurales de la Unión Europea o su salida del Banco Central Europeo supondrían auténticos torpedos contra la línea de flotación de la economía catalana.
David Romero