El México que el presidente Enrique Peña Nieto legará al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un país donde la violencia, la impunidad, la pobreza, las relaciones diplomáticas, la economía y los casos de corrupción han generado una crisis de dimensiones históricas.
Este es el escenario que enfrentará el próximo gobierno de la República, luego de que casos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la virtual quiebra de Pemex y una crisis de derechos humanos sin precedentes sean algunos de los principales problemas de México.
El México más violento de la historia
El sexenio de Peña Nieto es el más violento del que se tenga registro desde la Revolución Mexicana.
De enero a mayo de 2018, se han registrado 11.437 homicidios dolosos en el país, lo que supone un 17% más que en el mismo periodo de 2017, considerado el año más violento, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desde que Peña Nieto tomó posesión como presidente de México hasta mayo de 2018, se registraron 119.393 homicidios dolosos en México, lo cual supera a los 102.859 asesinatos registrados en todo el sexenio de su antecesor, el expresidente Felipe Calderón, quien decretó la "guerra contra el narcotráfico".
En la reunión que sostuvieron con víctimas de la violencia durante las campañas presidenciales, López Obrador reconoció que el tema que más le preocupa en torno a su próximo gobierno es el de cómo reducir la inseguridad, incluso por encima del combate a la corrupción o el crecimiento económico.
Más de 37.000 desaparecidos
La crisis de desaparecidos en México es uno de los mayores focos rojos a la hora de atender a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el gobierno de Peña hizo poco para atender la crisis de desaparición forzada que enfrenta el país. La propia organización de Naciones Unidas urgió al mandatario que pusiera fin a este drama.
En junio pasado, la Secretaría de Gobernación anunció que dejaría de actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, siendo 37.435 el número de personas desaparecidas que existen actualmente registradas en México.
"No hemos podido evitar que la desaparición de personas se convirtiera en una situación aparentemente normalizada por algunas instituciones. No se ha avanzado suficientemente en la búsqueda de las personas desaparecidas ni en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de uno de los crímenes más temibles", señaló Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el pasado 30 de junio.
Violaciones graves a los derechos humanos
Otro cabo suelto que dejará la administración de Peña es el alto número de violaciones graves de derechos humanos por parte del Estado mexicano.
Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2012 a 2017 se emitieron 25 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos.
Entre los casos "más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018" destacan las masacres de Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán a manos de fuerzas federales, así como el asesinato de un niño a manos de policías en Chalchihuapan y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto, de acuerdo con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien lo afirmó así durante la presentación del informe 2017 del organismo.
Pero estos no son los únicos casos preocupantes en materia de derechos humanos.
El asesinato de periodistas alcanzó una cifra récord durante la administración de Peña Nieto, con 44 casos documentados en el actual gobierno del total de 117 que se han registrado desde 2000, según cifras de la organización Artículo 19.
Otro caso emblemático es el de los desplazados por la violencia. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de 2006 a 2017 se registró un total de 329.917 víctimas de desplazamiento interno forzado en México, donde hubo presencia o uso de violencia.
"La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital eran especialmente habituales. Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional", según el informe 2017/2018 de Amnistía Internacional.
Impunidad en casos de espionaje
Además de los casos referidos, el tema del espionaje contra activistas y periodistas será otra parte del legado que dejará Peña Nieto durante su administración, un caso que no ha sido ni siquiera investigado por la Procuraduría General de la República luego de un año de haber sido documentado por organizaciones civiles.
En 2017 se descubrió que el gobierno mexicano presuntamente utilizó un software espía denominado Pegasus para investigar las comunicaciones privadas de activistas a favor de imponer impuestos a las bebidas azucaradas, activistas de derechos humanos involucrados en la defensa jurídica de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y periodistas implicados en el caso de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, un asunto de corrupción que involucró al presidente en un conflicto de interés.
Sin embargo, el caso por espionaje gubernamental permanece impune. A pesar de que relatores de libertad de expresión de la ONU pidieron garantizar una investigación independiente, luego de que más víctimas presentaron 70 denuncias, la PGR desechó 49. El resto no presenta ningún tipo de avance.
Negociación inconclusa en el TLCAN
Uno de los grandes pendientes que dejará la administración de Peña será la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual depende alrededor del 26% de la economía mexicana, de acuerdo con datos del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.
"Una renegociación desfavorable del TLCAN representa un riesgo para la economía mexicana, porque puede reducirse el crecimiento potencial y deteriorar la competitividad del país", señala un informe del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero del gobierno mexicano.
"Tienes que estar listo para vivir con un TLCAN sin Estados Unidos", dijo el secretario de Economía y encargado de las negociaciones, Ildefonso Guajardo, en marzo pasado, antes de que el gobierno de EE.UU. impusiera aranceles al acero y aluminio mexicano, desatando así una guerra comercial que pareciera poner fin al acuerdo.
"El TLCAN es un terrible trato para EE.UU. y México está haciendo 100.000 millones de dólares al año a expensas de nosotros por el terrible TLCAN. Una de las razones por las que soy duro con el TLCAN es porque no hacen nada por nosotros en la frontera", dijo el presidente Donald Trump en junio pasado durante una reunión con su gabinete.
Tras el encuentro que sostuvieron Peña Nieto y López Obrador en Palacio Nacional para fijar los términos de la transición, el virtual presidente electo dijo: "Tengo información que no lo han hecho mal los integrantes del equipo que está a cargo de la negociación del tratado". "Vamos nosotros a ayudar, a coadyuvar en este tiempo, con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo", aseguró Obrador.
La relación bilateral con EE.UU. en su punto más bajo
A pesar de haber invitado a Donald Trump a visitar Los Pinos como si fuera jefe de Estado todavía siendo candidato a la presidencia de los EE.UU., la relación bilateral entre México y su vecino del norte está en su punto más bajo desde 1938, cuando ocurrió la expropiación petrolera.
En lo que va de 2018, el Congreso mexicano ha solicitado en dos ocasiones detener la cooperación de México con EE.UU. en materia de seguridad y migración, debido a la militarización de la frontera estadounidense vía la guardia nacional y la separación de familias de migrantes deportados. Un hecho sin precedentes en el último medio siglo.
Otro hecho sin precedente, fue la manera en que el presidente Peña Nieto emitió un mensaje en video para responder al presidente Trump que México no pagará por el muro fronterizo entre ambos países, un tema que ha sido recurrente desde que Trump asumió la presidencia de EE.UU.
La deuda más alta en décadas
El gobierno de Peña Nieto dejará una deuda pública que para mayo de 2018 es de 10 billones 156.000 millones de pesos (523.861 millones de dólares). Una cifra un 52% mayor a la que existía al comienzo de su administración en diciembre de 2012, según datos de la Secretaría de Hacienda (5 billones 890.000 millones de pesos al cierre de 2012).
Esta deuda es el equivalente a aproximadamente el doble de la economía mexicana, cuyo Producto Interno Bruto es de 22 billones 513.581 millones de pesos.
"El incremento en la deuda puede seguir presionando las finanzas públicas del gobierno federal y a la economía en su conjunto al retirar y volver más costoso el obtener recursos para financiamiento", señala un informe de la organización México Evalúa.
Un escenario difícil, tomando en cuenta el acelerado ritmo de endeudamiento que registra el país en los últimos dos sexenios, principalmente de la mano del exsecretario de Hacienda y actual canciller, Luis Videgaray, quien durante la mayor parte del sexenio fue el hombre de confianza de Peña Nieto.
De acuerdo con información de Bloomberg, el gobierno de Peña podría anunciar para finales de julio una nueva deuda de 3.500 millones de dólares a través de Pemex, antes de que llegue el próximo gobierno.
La quiebra de Pemex y una gasolina más cara
A pesar de que la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto y el PRI se hizo con la justificación de "modernizar" la industria petrolera de México, que impulsó el crecimiento económico del país a lo largo del siglo XX, Pemex, la empresa estatal que en los últimos años había aportado alrededor del 30% del presupuesto público, llegará al final de sexenio prácticamente en quiebra.
Las pérdidas de Pemex se elevaron cinco veces en tan sólo un año, al pasar de 63.272 millones de pesos de pérdidas en 2016 a 320.933 millones de pesos en 2017. Es decir, que las pérdidas se incrementaron un 407% en tan sólo un año, debido a un alza en los costos de venta y en los impuestos pagados, así como al elevado costo de las pensiones.
La producción actual de petróleo crudo es de 1,92 millones de barriles de petróleo diarios, la más baja desde 1980. Asimismo, la caída del precio del petróleo, que ronda los 58,59 dólares por barril según cifras de Pemex, es otro de los mayores agravantes que enfrenta la principal empresa de México.
A pesar de las promesas incumplidas de la reforma energética, México es ahora un importador de hidrocarburos. Actualmente, México importa el 75% de la gasolina que consume, por lo cual, el incremento en los precios de la gasolina está directamente vinculado a la subida del dólar con relación al peso mexicano.
Esto significa que, mientras que en 2013 México gastó 5.942.979 pesos diarios en importación de gasolina y diesel, en 2017 esa cifra se disparó a 15.280.738 pesos diarios, debido a mayores importaciones y el aumento significativo en el tipo de cambio. Esto significa que en promedio, México gasta un 157% más en importaciones de combustible desde que Peña asumió el cargo, según datos del Sistema de Información Energética y el Banco de México.
Una moneda devaluada
Obrador también heredará de la siguiente administración una moneda débil, ya que el peso mexicano se devaluó un 57% frente al dólar en lo que va del actual gobierno.
Cuando Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012, el dólar interbancario se cotizaba en 12,84 pesos. Para junio de 2018, la cifra previo a las elecciones era de 20,23 pesos por dólar, según datos del Banco de México.
La crisis de las pensiones
En el próximo sexenio los mexicanos que lleguen a la edad legal de retiro se incrementarán en un 20%, lo cual planteará un reto para las finanzas públicas.
Esto, debido en buena medida, a las altas pensiones de entidades de gobierno como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el ISSSTE.
Mientras que en el 2000 este gasto representó un 1,8% del PIB, al cierre del 2017 se estima que fue del 3,6% del total de la economía, de acuerdo con datos oficiales recabados por el Huffpost, lo cual habla de un problema creciente que representa otro de los grandes pendientes que deja la administración de Peña.
Corrupción e impunidad superior al 99%
En México existe una impunidad del 99,3% de los delitos que se cometen en el país, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018, desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla.
Solamente 7 de cada 100 delitos se denuncian en México. De estos, solamente 1 de cada 10 concluyen con una sentencia. Esto significa que sólo el 0,7% de los delitos que se cometen en México llegan al final del proceso judicial.
Una situación que evidencia la debilidad del Estado mexicano a la hora de hacer cumplir la ley, misma que el gobierno de Peña se comprometió a solucionar.
Sin embargo, el mandatario ha dejado impunes casos de corrupción emblemáticos, como los presuntos sobornos multimillonarios pagados por Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, así como las denuncias por el saqueo de Chihuahua realizado por el exgobernador del PRI, César Duarte, a través de supuestas empresas fantasma. Dos de los casos más graves de corrupción en lo que va del sexenio.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 135 de 180 entre los países más corruptos del mundo, así como el más corrupto de América Latina y los países que integran el G-20 con las principales economías del planeta.
Un país de pobres
El sexenio de Enrique Peña Nieto dejará un país con el 43% de los mexicanos viviendo en situación de pobreza.
Mientras en 2012 la cantidad de pobres era de 53,3 millones, la cifra más actualizada, de 2016, arroja 53,4 millones de pobres en el país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Estos son algunos de los problemas con los que tendrá que lidiar el próximo gobierno de México.
Manuel Hernández Borbolla