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Desigualdad, impunidad y retrocesos: el informe anual de los Derechos Humanos en Argentina

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El documento fue escrito por el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización argentina que aglutina a los investigadores e investigadoras más prestigiosos del país.
Desigualdad, impunidad y retrocesos: el informe anual de los Derechos Humanos en Argentina

A 40 años de su creación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en la Argentina y la región. El resultado es un libro editado por Siglo XXI y escrito por primera vez en lenguaje no binario. Se abarca el avance del discurso 'anti derechos', la profundización de la desigualdad social, la relación entre el lucro y el medio ambiente, el desmantelamiento de los medios públicos en el gobierno de Mauricio Macri, el perverso funcionamiento de los servicios secretos, la fallida guerra contra el narcotráfico en América Latina y un balance de los procesos vinculados a delitos de lesa humanidad desde la reactivación de los juicios.

La historia

Al momento de la creación del CELS (1979) —repasan en la introducción— estaba en marcha una campaña de estigmatización y desprestigio montada por el gobierno militar (con colaboración de los medios de comunicación) "contra los 'derechos humanos', contra les familiares de detenides—desaparecides y contra una movilización social creciente que lograba no sucumbir al terror". 

A cuatro décadas de entonces, la organización realiza un balance y hace un repaso en la región. Así recuerda que las experiencias políticas que llegaron a los gobiernos en la región consiguieron reducir la pobreza, "aunque en conjunto la región siguió siendo una de las más desiguales y violentas del mundo".

Más recientemente llegaron proyectos ideológicos que, de acuerdo a los investigadores, ensamblaron un programa económico de reconcentración de la riqueza. Se refieren al Brasil de Jair Bolsonaro o a la Argentina de Mauricio Macri. Y afirman que lo hacen instalando un nuevo discurso. 

"Con el fin de construir consensos rápidos, articulan discursos organizados en dicotomías: para lograr el crecimiento es necesario afectar los derechos económicos y sociales; para lograr seguridad hay que sacrificar la libertad y la integridad física; para garantizar el orden hay que acotar las posibilidades de organizarse y protestar", escriben en el informe

Derechas y derechos

En el primer capítulo del libro se abarcan los discursos y las políticas tendientes a restringir los derechos humanos. "En medio de crisis económicas agravadas por las políticas neoliberales, cada vez más actores buscan apoyo electoral divulgando narrativas anti derechos que construyen a determinados sectores sociales como enemigos internos", explicaron. Así, los dardos de odio van dirigidos contra la igualdad de género y la no discriminación, los derechos de migrantes y políticas de seguridad.

Como ejemplo, citan al acompañante de fórmula presidencial de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, quien dijo que Argentina funciona "como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú". O el propio Jair Bolsonaro, quien afirmó: "Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí", sostuvo en 2011 durante una entrevista. 

Para el CELS, son "discursos opuestos al concepto del Estado como garante de derechos, promotor de la igualdad, y a los movimientos que han defendido, reivindicado y trabajado para profundizar la vigencia de los derechos humanos".

A partir de esa idea, aparecen el uso de la violencia policial, la restricción a migrantes, el estímulo al uso de las armas letales. Y algunos ejemplos: el conflicto entre Argentina y Bolivia por la atención de salud de los migrantes; la polémica en Argentina por la 'doctrina Chocobar', avalada por el Gobierno; o Bolsonaro al declarar que "hay que respetar la voluntad de las personas que decidieron tener derecho a la posesión de arma de fuego".

Durante la presentación del informe, en el Teatro Picadero, varios representantes de la intelectualidad, el periodismo y la cultura fueron invitados a una especie de debate público en el que conversaron de los tópicos del libro coordinado por la periodista María Florencia Alcaraz.

La politóloga María Esperanza Casullo catalogó a los mencionados gobiernos como una "proyectos de re jerarquización social violenta". Según ella, "los avances contra los derechos de los y las migrantes, las mujeres, las poblaciones trans, los y las docentes no son cuestiones aisladas", sino como el embate de sectores que intentan volver a instaurar un orden anterior. 

Desigualdad 

En los siguientes capítulos ("profundización de la desigualdad social" y "reglas a medida") desarrollan las reformas en el trabajo y la salud, además de la relación entre las empresas y el hábitat. Así define el CELS el escenario: "En los últimos años, la desigualdad social se incrementó y la protección social, el trabajo y el sistema de salud se debilitaron. Hoy, todos los indicadores muestran el deterioro de las condiciones de vida: hay más personas desocupadas, precarizadas e indigentes. Esta situación condiciona el ejercicio de derechos sociales y económicos en un escenario de conflictividad social, que además sufrió la represión y criminalización y de la protesta".

Algunos datos: solo en los primeros meses de 2019, un 35,8% de la población en Argentina estaba en condición de pobreza y es el nivel más alto de los últimos diez años. "La desigualdad en la distribución del ingreso es la mayor del trienio 2016-2019: el 10% de quienes tienen mayores ingresos gana 21 veces más que el 10% que menos recursos recibe", detallan en el documento. 

Respecto al hábitat, según la organización, el Estado es funcional a las iniciativas del mercado en desmedro de los DDHH. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, destacó durante la presentación del informe la importancia de la agenda de soberanía alimentaria porque "dialoga con la profundidad ecologista de la juventud, con la cultura del cuidado del movimiento feminista y con la agenda de movimientos sociales y culturales".

En medio de un país en crisis que declaró la 'emergencia alimentaria', Montón recordó la icónica imagen de una mujer adulta juntando berenjenas del suelo rodeada de policías durante un 'verdurazo' de la Unión de Trabajadores de la Tierra. "Habla de una de las luchas que fueron parte de la resistencia de estos años", aseveró.

Luces y sombras: los medios de comunicación y los servicios secretos

En estos capítulos, el CELS desarrolla cómo durante sus primeras semanas de Gobierno, el macrismo creó por decreto el Ministerio de Comunicaciones y luego intervino a los organismos que eran autoridades de aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual. Natalia Vinelli, aportó respecto al panorama de los medios de comunicación: "En estos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri se perdieron 4500 trabajos de prensa en todo el país. Este es el escenario: mayor profundización de la concentración, cada vez menos voces críticas y el poder adquisitivo del salario cayó en un 41%".

"Mientras los medios de gestión estatal retrocedieron como consecuencia de la asfixia presupuestaria, algunos medios de comunicación audiovisual de gestión privada con fines de lucro consolidaron una posición dominante de niveles inéditos", especifican el libro.

Respecto de los servicios secretos, la socióloga Mabel Thwaites Rey consideró: "El secreto es una constante en la construcción de los estados capitalistas. No solo da material para series de televisión sino que es una realidad muy enraizada. Los devenires de la vigilancia ciudadana y las instancias represivas tienen que ver mucho con los vínculos de las agencias de seguridad con organismos internacionales". 

Entre otras cuestiones que se mencionan en ese capítulo, se habla de la polémica que surgió desde abril de 2019, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un sistema de reconocimiento facial "para detectar y detener a quienes cuenten con una orden judicial de captura".  

La pena no soluciona

En los siguientes puntos que desarrollan en el texto, hay un análisis sobre cómo la 'guerra contra el narcotráfico' no funciona. "El punitivismo y el prohibicionismo persiguen a les consumidores y a les vendedores de pequeñas cantidades. De este modo, personas que no cometen delitos violentos, y que ya sufren vulneraciones sociales, son encerradas, en muchos casos en condiciones inhumanas", especifican.

Y luego desarrollan algo más: la costumbre de usar las comisarías como prisiones ilegales. "Entre marzo de 2017 y noviembre de 2018, 17 personas murieron quemadas o asfixiadas en comisarías de la provincia de Buenos Aires. No fueron hechos inevitables, sino consecuencias de la política de encarcelamiento masivo y del hacinamiento, la precariedad y la falta de protección por parte del Estado de quienes están a su cuidado", escribieron.

El informe recuerda el incendio del 15 de noviembre de 2018 en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires. "El fuego se extendió rápido, el humo resultó hipertóxico porque los colchones no eran ignífugos. Cuatro hombres murieron en el acto y otros seis, en los días y semanas posteriores a raíz de las lesiones producidas por el fuego y la inhalación de monóxido de carbono", relatan.

También mencionan los diversos obstáculos para investigar ciertos hechos de represión, como los que ocurrieron en el Parque Indoamericano o los asesinatos de Alan Tapia y Rafael Nahuel

Por último, el informe repasa la situación en torno a los juicios por delitos de lesa humanidad, luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2003. Desde entonces —recopilan— hubo 226 sentencias, 915 personas condenadas y 144 absueltas.

Julia Muriel Dominzain

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