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Fiscalía de Perú pide al Congreso quitar la inmunidad presidencial a Kuczynski para judicializarlo por el indulto otorgado a Alberto Fujimori en 2017

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Por este caso también aparecen imputados el exlegislador Kenji Fujimori y los exministros de Justicia y Salud, Enrique Mendoza y Fernando D'Alessio.
Fiscalía de Perú pide al Congreso quitar la inmunidad presidencial a Kuczynski para judicializarlo por el indulto otorgado a Alberto Fujimori en 2017

El Ministerio Público de Perú efectuó este viernes una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado, al otorgar —el 24 de diciembre del 2017— un "indulto humanitario" al exmandatario Alberto Fujimori, quien para entonces cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Según reseñan medios locales, la fiscal Zoraida Ávalos interpuso la denuncia para que el Congreso levante la inmunidad legal que ostenta Kuczynsky —un beneficio que gozan los expresidentes en Perú durante los 5 años tras dejar el cargo— para así poder judicializarlo por delitos que habría cometido en su Presidencia.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Kuczynsky habría dado el indulto a Alberto Fujimori para beneficiarse y evitar ser destituido por el Congreso por sus presuntos vínculos en el caso de corrupción y sobornos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

La denuncia presentada por la Fiscal también considera que hay pruebas que permiten imputar al excongresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente que gobernó entre 1990 y 2000, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, en calidad de instigador, y cohecho activo genérico, en condición de autor, en agravio de estado.

La medida apunta también contra el exministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien firmó, junto a PPK, el indulto humanitario; y el exministro de Salud, Fernando D' Alessio, denunciados por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en calidad de cómplices primarios. Los tres involucrados ya pueden ser procesados por la justicia porque no poseen inmunidad.

La fiscal Ávalos también presentará el caso ante la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, para determinar la participación de Alberto Fujimori, los miembros de la Junta Médica Penitenciaria, de la comisión de Gracias Presidenciales, entre otros funcionarios de rango medio, que pudieran estar relacionados al caso del indulto.

El indulto y los casos por corrupción de PPK

La Fiscalía peruana sostiene que el indulto se habría dado como una "negociación política", cuando el grupo de fujimoristas liderados por Kenji y su hermana y excandidata presidencial Keiko Fujimori pidieron el indulto, a cambio de evitar que el Congreso destituyera a PPK.

Precisamente, estas irregularidades hicieron que la justicia peruana anulara el indulto en octubre de 2018 y ordenara que Fujimori siguiera preso hasta el final de su condena en 2033, cuando el exmandatario tendría 94 años.

Actualmente, Kuczynski se encuentra bajo arresto domiciliario por su presunta implicación en el caso de lavado de dinero entre Odebrecht y su empresa Westfield Capital, propiedad que registró en EE.UU., entre los años 2001 y 2006, cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo, quien está prófugo de la justicia peruana y fue detenido en EE.UU desde 2019, con pedido de extradición, señalado de presunta corrupción por el mismo caso de la constructora brasileña.

Kuczynski terminó por renunciar a la Presidencia en marzo de 2018, cargo que ocupó desde 2016. El exmandatario tomó esa decisión para evitar que el Congreso lo destituyera por su presunta complicidad en delitos de corrupción relacionados al caso Odebrecht, lo que hubiese provocado su inmediata judicialización.

En la víspera, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez pidió una orden prohibitiva de salida del país contra Kuczynski por otros presuntos actos de corrupción en el proyecto de la carretera Interoceánica Sur, también adjudicada a Odebrecht durante la administración de Toledo. Pérez pidió, además, que se le dicte una medida de comparecencia con restricciones.

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