Durante el último año, la empresa brasileña Odebrecht ha estado en las primeras planas de todos los diarios en Latinoamérica. La constructora está acusada en una docena de países de sobornar a servidores públicos para obtener beneficios en contratos o ganar licitaciones tanto en el ramo de la construcción como en el energético
Las cantidades en los países varían mucho, pero en cada uno parece que se involucraron con políticos del más alto nivel como presidentes, expresidentes y ministros. En Brasil, las relaciones de Odebrecht con Petrobras provocaron que el Senado abriera un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff y que se lanzarán acusaciones contra Lula da Silva. En Perú, el expresidente Alejandro Toledo ha recibido prisión preventiva en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.
En el caso mexicano, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habla de sobornos de 10,5 millones de dólares que, según fuentes periodísticas, habrían sido entregados a Emilio Lozoya Austin, primero en su calidad de encargado de Asuntos Internacionales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, ya después, como director general de Pemex. Aunque la cantidad de dinero que se especula es mucho menor a otros casos —Brasil, 349 millones; Venezuela, 98 millones; República Dominicana, 92 millones; Panamá, 59 millones; Argentina, 35 millones; Perú, 29 millones— queda comprobado que el 'modus operandi' de Odebrecht fue similar al de otros casos en la región.
Lo que llama la atención del caso mexicano es que no hay implicados. Mientras que en otros países se han iniciado procesos contra presidentes y expresidentes, contra ministros y congresistas, en México parece no haber culpables. "Se dice el pecado, pero no el pecador", reza un adagio popular convertido en ley por las autoridades mexicanas. Se reconocen delitos, pero nunca hay castigo para los presuntos culpables. En el caso concreto de Odebrecht en México, el asunto está en manos de Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y senador con licencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido de Peña Nieto y Lozoya Austin.
En 2012, cuando presumiblemente se dieron las primeras transferencias de dinero de Odebrecht en tiempos electorales, Raúl Cervantes fungía como el principal encargado de la defensa jurídica del candidato Peña Nieto por el caso del financiamiento ilegal a través de monederos electrónicos (tarjetas Monex), que pudieron servir para la compra de votos. Cervantes trabajó en la campaña presidencial de Peña Nieto al igual que Lozoya Austin y es un miembro prominente del PRI. El abogado de la nación debe juzgar las responsabilidades de los amigos y compañeros de partido, convirtiéndose así en juez y parte con un evidente conflicto de intereses. Aunque no hay nada definido en este caso, pareciera que la lentitud y secrecía con que se mueven las instituciones de justicia obedecen a criterios políticos y de amistad, más que jurídicos. Pero el tema no es sólo Odebrecht, sino el futuro cercano del sistema judicial en México.
La reforma política de 2014 estableció que la PGR debe de dar paso en 2018 a una Fiscalía General dotada de autonomía e independencia respecto al gobierno en turno y cuyo titular ocupará el cargo por nueve (largos) años. En una primera instancia, había un pase automático para que el procurador —Raúl Cervantes— se convirtiera en el primer fiscal general. Grave error. La pretendida autonomía e independencia se vendría abajo inmediatamente con un abogado militante en la política partidista.
Anteriormente, Cervantes había sido promovido para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), pero la presión social evitó que esto ocurriera. De igual manera, el pase automático de procurador a fiscal fue duramente impugnado por más de 200 organizaciones y personas que integran el colectivo #Fiscalíaquesirva y por la sociedad en general, objetando que un funcionario partidista se encargue por nueve años de la impartición de justicia y la parcialidad de un gobierno pudiera convertirse en la impunidad de los siguientes.
El PRI ha tratado de defender la trayectoria profesional y la solvencia de las capacidades jurídicas de Raúl Cervantes, pero sus cartas de presentación lo avalan como un abogado empresarial más que como un gran constitucionalista. Además de su participación en la campaña electoral de 2012, Raúl Cervantes es primo de Humberto Castillejos Cervantes, quien fuera el consejero jurídico de la Presidencia por cinco años y cuya renuncia, se especula, es para que pueda cumplir con los tiempos para aspirar a un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Dos primos y militantes del mismo partido pretenden optar por puestos de larga duración en la impartición de justicia. ¿Es la capacidad profesional lo que está en juego o la posibilidad de garantizar una impunidad transexenal para el partido que los ha hecho diputados, senadores y funcionarios?
Ya es muy mala noticia que la Fiscalía Anticorrupción haya nacido atada de pies y manos. Por su parte, el éxito y razón de ser una Fiscalía General debe ser la autonomía e independencia de los funcionarios que la integran y que esto ofrezca la certidumbre de su imparcialidad. La Suprema Corte de Justicia no puede seguir llenándose de jueces que siguen lineamientos partidistas si pretende ser un verdadero contrapeso al poder del 'emperador sexenal'.
Para nadie es un secreto que los mayores problemas que enfrenta México son la corrupción de sus funcionarios y la violencia del narcotráfico. El aumento exponencial de ambas circunstancias convergen en un punto: la impunidad. No hay justicia en México. No hay contrapesos reales. El cambio de régimen político en México se hace cada vez más necesario, pero lo que es urgente e imprescindible es que el sistema de justicia en su conjunto deje de servir a unos cuantos, que sea eficaz y real, que otorgue probidad e imparcialidad y no impunidad.
México necesita una Fiscalía que sirva, un fiscal que no sea amigo del presidente y ministros de justicia que no sean políticos. La designación de estos funcionarios es tan relevante como las próximas elecciones presidenciales. Sin justicia, nunca cesará la violencia y la corrupción y seguiremos contando muertos y gobernadores prófugos.