Los intereses que pagamos a rescates bancarios equivalen a toda la reconstrucción de México

Lamentablemente, al momento de escribir estas líneas van 342 muertos por el terremoto del 19 de septiembre en la zona centro del país y otro centenar más en el sureste por los temblores de los días 7 y 23 de septiembre. En la Ciudad de México se colapsaron 38 edificios, están inhabitables más de 500 y con algún daño que debe ser valorado todavía hay más de 3.000. Centenares de familias se han quedado en la calle lo mismo en colonias de clase media que en barrios populares y Jojutla (Morelos) o Juchitán (Oaxaca) han quedado en escombros prácticamente en su totalidad. Muchas familias han perdido el patrimonio de toda una vida.

¿Qué tan difícil es la recuperación después de un suceso de esta magnitud? Bueno depende de la voluntad y efectividad de las autoridades pero como botón de muestra es que el 6 de septiembre, Miguel Ángel Mancera entregó departamentos a algunas familias damnificadas… en 1985! Así, en medio del duelo que nos embarga, debemos encontrar las formas para que el gobierno no vuelva a tardar 32 años en ayudar a la gente que lo necesita.

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Según las estimaciones preliminares el costo de la reconstrucción de inmuebles como edificios, casas, escuelas, iglesias, red de aguas y eléctrica y demás infraestructura dañada por estos sismos, ascenderá a casi 38.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares). ¿Es posible sacar tanto dinero en un año reajustando el presupuesto? Es posible definitivamente, es cuestión de voluntad y austeridad en ciertos rubros.

Para darnos una idea de que tan posible es invertir 38.000 millones en la reconstrucción de la nación hay que poner de ejemplo el rescate bancario que llevamos pagando más de tres lustros. Esa deuda en la actualidad asciende a 900.000 millones de pesos (50.000 millones de dólares) y que terminaremos de pagar en 70-100 años debido a los intereses. Solamente el pago de esos intereses en el presente sexenio ha sido de más de 46.000 millones a través de los Bonos de Protección al Ahorro (BPA) y, según estimaciones, en 2016 rondó los 35.850 millones. Así, los puros intereses del año pasado del impopular Fobaproa equivalen a la restauración de infraestructura y apoyo a miles de familias damnificadas por ambos sismos.

Hay una propaganda donde algún banco dice que por cada peso aportado ellos están dispuestos a aportar otro. Por las deudas de privados, entiéndase el rescate bancario que se convirtió en deuda pública, el año pasado pagamos casi 36.000 millones de interés a las instituciones bancarias a las que tuvimos que rescatar de su supuesta quiebra. Era necesario, nos dijeron, porque ahí estaban los ahorros de todos.

¿La gente común recibimos intereses de esos ahorros rescatados? ¿Quién se beneficia del pago de esos intereses? Sin intereses pagaríamos ese rescate en 25 años mientras con los intereses nos va a llevar casi cien años pagarlo. ¿Por qué no mejor en vez de aportar un peso por cada uno de nosotros, las instituciones bancarias dejan de cobrar los intereses de los BPA’s que equivalgan a toda la reconstrucción nacional? Considerando que la sociedad los rescato de sus malos manejos, el no cobrar intereses sería apenas lo mínimo para devolver la cortesía. Más en momentos de emergencia nacional. ¿Es mucho pedir al sistema financiero una pausa de un año en su voracidad que nos consumirá por el siguiente siglo después de haberlos salvado?

Si la propuesta anterior fuera demasiado descabellada bajo el régimen financiero actual, donde las pérdidas se sociabilizan pero las ganancias son completamente privadas, habría que buscar entonces en el presupuesto gubernamental. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) podrían rastrear a donde se fueron los 258.000 millones de pesos (14.000 millones de dólares) que fueron desviados de manera irregular por los 22 gobernadores priistas durante la presente administración. Si se requiere otro posible ahorro, la ASF y la SNA pueden fiscalizar los posibles fraudes y aumentos de tarifas en la construcción del Circuito Mexiquense y del Viaducto Bicentenario donde los costos pasaron de los 5.600 millones pesos del proyecto original (280 millones de dólares) hasta más de 60.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares).

Si de celeridad se trata, el gobierno podría omitir su gasto en publicidad que alcanza los 10.000 millones de pesos anuales (550 millones de dólares) o los 3.500 millones de pesos (200 millones de dólares) desviados a través de la universidades y empresas fantasmas según documentó “La Estafa Maestra” de Animal Político.El dinero de la publicidad y de la “Estafa Maestra” equivale al doble de lo que se ha previsto preliminarmente para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca. También se podría cobrar de manera efectiva la tenencia de los automóviles de lujo, cuya elusión de este impuesto (como lo hizo el procurador Raúl Cervantes con su Ferrari) le cuesta tan solo a la Ciudad de México alrededor de 2000 millones de pesos.

Una propuesta que corrió como reguero de pólvora fue la que pide reasignar el presupuesto de los partidos políticos destinado a las elecciones de 2018. La propuesta que parece plausible en una primera instancia también tiene un reverso que debe ser considerado. El presupuesto para las campañas electorales de 2018 es de casi 7.000 millones de pesos en conjunto, es decir menor en un 30% al gasto de publicidad del Gobierno federal. Una campaña austera es algo que le caería bien a la sociedad para destinar los recursos a cuestiones de urgencia a la vez que se privilegiarían las propuestas sobre la mercadotecnia o la publicidad. Pero de una sana austeridad el PRI pasó a una propuesta absurda: la eliminación del financiamiento público a partidos.

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La eliminación del dinero público nos conduciría a la privatización de la política. ¿Cómo se financia un instituto político que no recibe dinero público? En el caso del PRI, que hace la propuesta, sabemos que se financia del desvío de recursos por parte de los gobernadores o de las empresas que después de hacer aportaciones para la campaña terminan por cobrar la factura a los gobiernos, como ya lo han hecho OHL o Grupo Higa. Con esta medida las empresas adquirirían mucho mayor poder político del que ya de por sí gozan en la actualidad.

Peor aún, en un territorio donde el narcotráfico es un poder real y con recursos financieros de sobra, provocaría que el dinero del crimen organizado se pudiera convertir en el fiel de la balanza en varias localidades y hasta a nivel nacional. Una campaña austera con la mitad del dinero programado es una iniciativa interesante y viable. La eliminación total es algo que dinamitaría la democracia mexicana.

En general hay dinero de sobra en el dinero malversado, en la corrupción gubernamental, en los gastos superfluos de publicidad, en el pago de intereses a rescates bancarios que nos llevarán un siglo poder pagarlos, en los intereses que se cobran en instrumentos financieros malintencionados de obra y deuda pública, en la elusión de impuestos en autos y artículos de lujo y en un excesivo gasto en campañas electorales.

Pero antes de privatizar por completo nuestra democracia como propone el PRI deberíamos castigar la corrupción de los gobernantes y los particulares que han moldeado la desgracia de la mayoría en el actual régimen de complicidades e impunidad.