Varios países de América Latina se enfrentan a una crisis energética que pareciera no tener solución a corto plazo. Continuos apagones, aumentos en las facturas de servicio, extensas sequías e incendios forestales que ponen en riesgo las reservas de agua para las hidroeléctricas, forman parte de un problema que cada vez más se generaliza en toda la región.
Uno de los más afectados por las fallas de energía es Ecuador, donde en agosto pasado el gobierno de Daniel Noboa declaró la emergencia del sector eléctrico debido a la sequía en el país, situación que según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), genera pérdidas económicas aproximadas de 96 millones de dólares al sector productivo por cada apagón de ocho horas.
En su momento, la administración de Noboa informó que la medida buscaba "salvaguardar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica", así como "ejecutar todas las acciones necesarias urgentes en el sector" que desde 2023 está en crisis y comenzaron los racionamientos eléctricos.
En enero de 2024, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó la Ley Orgánica de Competitividad Energética, conocida como 'Ley No Más Apagones', un proyecto enviado por Noboa. Sin embargo, hasta ahora no ha dado soluciones y los apagones persisten desde abril pasado, incluyendo el nacional del 19 de junio.
Ahora Noboa aspira a que el parlamento apruebe como proyecto "económico urgente" la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, para tratar de aliviar los cortes de electricidad, que en algunas zonas duran hasta 12 horas diarias, y ante la falta de resultados de la 'Ley No Más Apagones'.
La iniciativa de Noboa busca blindar al sector privado en la generación de energía, propuesta que para algunos sectores podría tratarse de una privatización. Además, la propuesta surge justo cuando Colombia decidió suspender la venta de energía a Ecuador debido a su propia crisis eléctrica.
Situación en Argentina
Para Argentina la situación también apunta a que la energía podría verse afectada, sobre todo por la entrada de la temporada de verano, que siempre genera un brusco aumento de la temperatura y una mayor demanda de electricidad, lo que podría obligar al gobierno a importar el fluido desde Brasil, Chile (que recientemente ha sufrido apagones) y Paraguay.
El momento pareciera repetir lo ocurrido en el verano de 2023, cuando Argentina sufrió una serie de apagones por la alta demanda energética. Además, en febrero pasado, se registraron bajones masivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Casa Rosada admitió que el sistema energético ya estaba "al borde del colapso", por lo que responsabilizó de esto a las gestiones anteriores.
En julio de este año, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alertó que aunque se sumaran la energía local con las importaciones de electricidad, el país no podría abastecer el pico de demanda previsto para los primeros meses de 2025, debido a altas temperaturas, por lo que posiblemente "será necesario realizar cortes".
Pero además, los argentinos también deben lidiar con los enormes aumentos en las facturas de la luz y otros servicios, que se comenzaron a aplicar con el gobierno de Javier Milei, lo que ha provocado fuertes protestas debido a que la ciudadanía ha visto mermado su poder adquisitivo a causa de la inflación y las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo.
Los precios de la electricidad se elevaron en Argentina por disposiciones de la Secretaría de Energía desde inicios de 2024, cuando se aplicaron fuertes actualizaciones tarifarias en medio de los recortes del gobierno de Milei.
A todo esto, también se suma que la administración de Milei debe ahora resolver la situación del complejo nuclear argentino Atucha I, activo desde hace 50 años y cuya licencia para operar venció el pasado 29 de septiembre, y que aporta aproximadamente 2 % del fluido eléctrico del país.
Colombia por la "solidaridad tarifaria"
En contraste a la política de Argentina, en Colombia el gobierno de Gustavo Petro apuesta a la reducción de las tarifas, como un primer paso para dar acceso a todo el país, especialmente a "las comunidades más vulnerables", al suministro eléctrico en condiciones de igualdad.
Petro señaló como un primer paso de esa política energética, la reducción en 20,23 % de los precios en la electricidad para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, como parte de una medida preliminar de un proyecto de ley que permitirá la devolución de saldos y que beneficiará a los estratos sociales 1, 2 y 3.
"Desde la Superservicios estamos implementando los tres principios constitucionales para las tarifas: garantizar la compra de energía a precios justos, eliminar sobrecostos e intermediarios, y asegurar condiciones de igualdad y solidaridad tarifaria", indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia.
La institución estatal detalló que como parte de esta política también adoptaron "otras medidas técnicas para reducir las facturas de energía" y anunciaron que no se han olvidado "de los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde próximamente se implementarán soluciones adicionales para seguir disminuyendo las tarifas".
El momento que vive Colombia con respecto al suministro eléctrico, también está afectado por la sequía. Por ello, el Ministerio de Minas y Energía ordenó esta semana la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, una medida transitoria para garantizar el suministro a la demanda nacional, motivada por el bajo nivel de los embalses que alimentan las centrales hidroeléctricas del país.
¿Soluciones?
Para solventar esta situación, Petro ha llamado a lograr una interconexión internacional energética en el que la región pueda autoabastecerse y con ello evitar los efectos del cambio climático y el calentamiento global que impactan sobre el sector eléctrico, incluso en los países de Latinoamérica que son afectados por torrenciales lluvias e inundaciones que también causan estragos en el servicio eléctrico.
En noviembre de 2023 Petro le planteó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, establecer una "verdadera integración energética entre los dos países, de doble vía", que tendría la posibilidad de ser ampliada hacia Brasil, Ecuador y Panamá.
Petro explicó que bajo este paraguas se podrían construir proyectos de energías limpias "en los que el norte de Colombia puede ser abundante para transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela", que corresponde los estados Zulia y Táchira, ambos fronterizos.
Por su parte, Venezuela, que en los últimos años ha sufrido el impacto de las sequías así como una diversidad de ataques con fines políticos contra su Sistema Eléctrico Nacional que han generado fuertes apagones y que el Gobierno de Maduro ha resuelto de forma paulatina, exportaría a Colombia no sólo energía eléctrica sino también fósil. Esto, según Petro, permitiría atender "las deficiencias" en materias primas, combustible y gas en su país, además de sustentar la transición hacia las energías limpias.
Un ejemplo es que en diciembre de 2023, Venezuela y Brasil acordaron la reanudación de las importaciones de electricidad, que habían estado suspendidas durante más de 4 años. De esa manera, las autoridades venezolanas a través de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, también conocida como 'Guri', suministran energía al estado brasileño de Roraima.
Entretanto, Brasil, que también ha registrado apagones y se enfrenta a la peor sequía de su historia reciente, logró en mayo pasado un "acuerdo histórico" con Paraguay con respecto a la tarifa y uso de la energía eléctrica que genera la central hidroeléctrica de Itaipú, conocida también como 'Entidad Binacional Itaipú', que beneficia a ambos países en materia de suministro.
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